La Justicia argentina decidió el viernes mantener a la expresidenta Cristina Fernández en prisión domiciliaria. La medida incluye que continúe usando una tobillera electrónica y que deba solicitar permisos especiales para recibir visitas que no estén en la lista de familiares y personas esenciales entregada al inicio de su arresto domiciliario el mes pasado.
La Cámara Federal de Casación, actuando como segunda instancia, respondió a las solicitudes del fiscal Mario Villar, quien había propuesto cambiar su lugar de reclusión, que actualmente es en la calle San José 1111, en el barrio de Constitución de Buenos Aires, donde se encuentra desde el 17 de junio. Los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña consideraron que la ubicación de su condena no debía modificar, a pesar de las constantes manifestaciones de apoyo por parte de militantes peronistas en las calles aledañas.
Los magistrados afirmaron que las situaciones que habían afectado al barrio tras el 10 de junio, cuando la Corte Suprema confirmó la condena, ya estaban superadas. A diferencia de Villar, los fiscales en primera instancia, Diego Luciani y Sergio Mola, habían solicitado que Fernández fuera trasladada a una cárcel del Servicio Penitenciario Federal poco después de su arresto.
En la misma sesión, la Casación abordó dos solicitudes de la defensa de la expresidenta: la anulación del régimen de visitas y la eliminación de la tobillera electrónica, argumentando que no había riesgo de fuga. Sin embargo, el tribunal votó de forma dividida. Hornos y Barroetaveña estuvieron a favor de mantener el régimen de visitas y la tobillera, mientras que Borinsky opinó en minoría que estas medidas eran una restricción desproporcionada de los derechos de la condenada.
Finalmente, la Corte Suprema de Argentina había rechazado un recurso de Fernández el pasado 10 de junio, ratificando su condena de seis años por irregularidades en la concesión de obras viales durante su gestión y la de su difunto esposo, Néstor Kirchner.
DCN/Agencias