El Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, continúa su estrategia contra el Estatus de Protección Temporal (TPS), iniciado en su primer mandato. Aunque aún se mantiene el TPS para El Salvador, que ha cooperado con las políticas de deportación de la Casa Blanca, esto no garantiza su permanencia.
Recientemente, el Departamento de Seguridad Nacional anunció la cancelación del TPS para más de 800.000 inmigrantes de Venezuela y Haití, y el martes confirmó el fin del programa para aproximadamente 76.000 hondureños, nicaragüenses y nepalíes. Esta decisión expone a los inmigrantes a la deportación y les quita sus permisos de trabajo. La administración ha argumentado que las condiciones en esos países ya no justifican el TPS.
Este estatus se otorga a ciudadanos que llegan a Estados Unidos por desastres naturales o conflictos armados, permitiéndoles residir y trabajar en el país hasta que se considere seguro su retorno. Actualmente, hay inmigrantes de 17 países bajo el TPS.
Durante su primer mandato, Trump intentó eliminar el TPS de seis naciones: El Salvador, Honduras, Nepal, Nicaragua, Haití y Sudán. Esto llevó a una demanda que resultó en la continuación del programa para más del 98% de los beneficiarios en 2017, según documentos judiciales. Los comentarios de Trump, en los que descalificó a El Salvador y Haití, fueron usados como parte de los argumentos en su contra.
Con su regreso a la Casa Blanca, Trump ha criticado los beneficios otorgados por el expresidente Joe Biden, quien amplió el TPS para varios grupos, incluidos venezolanos y salvadoreños.
El TPS para El Salvador está vigente hasta septiembre de 2026, y la actual administración no ha tomado acciones para modificarlo, a diferencia de lo hecho con el TPS de Haití. Trump mantiene buenas relaciones con el presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien ha colaborado con Estados Unidos en la detención de inmigrantes, incluyendo a venezolanos.
Sin embargo, la situación para los salvadoreños con TPS sigue siendo complicada. Muchos no han recibido nuevos permisos de trabajo, lo que ha llevado a la pérdida de empleos y problemas al renovar licencias. La confusión sobre el estatus ha afectado tanto a inmigrantes como a empleadores.
Un caso relevante es el de Rodolfo Villanueva Aguilar, detenido junto a su hijo por agentes de inmigración, lo que ha complicado su defensa legal. La Casa Blanca se enfrenta nuevamente a retos legales relacionados con el TPS.
DCN/Agencias