Al menos 658 niños y niñas fueron víctimas de graves violaciones de derechos humanos en el conflicto armado en Colombia entre 2022 y 2024, según un informe de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos. Este documento, titulado ‘Atrapados en las redes del conflicto: aumento del reclutamiento de niñas y niños’, señala el incremento de la violencia contra menores por parte de grupos armados.
En el primer trimestre de 2025, la ONU recibió 118 denuncias de reclutamiento infantil, de las cuales 51 fueron verificadas, lo que resalta la seriedad de la situación y la necesidad urgente de acciones por parte de entidades públicas. Scott Campbell, representante de la ONU en Colombia, expresó preocupación por el aumento del reclutamiento de menores, especialmente en un contexto preelectoral hacia las elecciones de 2026.
Entre 2022 y 2024, hubo 788 denuncias de violaciones graves a niños, y 658 de estos casos fueron confirmados. Los casos incluyen 474 de reclutamiento, 70 homicidios, 66 lesiones, 89 incidentes de violencia basada en género, 54 detenciones arbitrarias, 94 desplazamientos forzados y dos desapariciones. Campbell indicó que la violencia contra niños y niñas se ha intensificado debido a la mayor presencia de grupos armados.
El informe también destaca que se están utilizando redes sociales como TikTok y Facebook para reclutar menores, donde se normaliza la violencia y se promueven actividades delictivas. La ONU ha comunicado estas preocupaciones a las empresas de redes sociales, instándolas a tomar medidas adecuadas.
En cuanto a las víctimas, el informe menciona que muchas provienen de hogares monoparentales y de bajos recursos. Cerca del 48,3 % de los reclutados son de comunidades indígenas y afrodescendientes, un tercio son migrantes venezolanos, muchos no acompañados, y aproximadamente el 40 % son niñas.
Se menciona la situación crítica en la región del Catatumbo, en Norte de Santander, donde se han reportado ataques a escuelas y varias violaciones, incluida la muerte de menores durante enfrentamientos.
A pesar de la política de «paz total» promovida por el presidente Gustavo Petro desde agosto de 2022, los avances han sido limitados. Campbell señaló que el Estado tiene la obligación de proteger a los niños y niñas del reclutamiento y la violencia, ya que estas acciones destruyen sus vidas y las de sus comunidades.
DCN/Agencias