La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha autorizado la extradición de Henry Daniel Villorina Otero, funcionario de la Policía Nacional Bolivariana, quien está acusado del asesinato de una mujer de 40 años.
Villorina Otero fue arrestado en España el 10 de mayo, según informó el diario Últimas Noticias. Autoridades de Interpol notificaron a las autoridades venezolanas sobre su detención.
El caso se relaciona con el homicidio de Usberica Machado Betancourt, quien estaba en su quinto mes de gestación. Según las investigaciones, Villorina Otero huyó a España tras cometer el crimen, ocurrido el 8 de diciembre de 2022 en la urbanización La Pradera, en San Joaquín, Carabobo.
Esa mañana, Machado recibió una llamada de Villorina, quien le dijo que un amigo pasaría a entregarle dinero y le pidió que lo esperara dentro de su vehículo. Al encender las luces de su Chevrolet Spark, dos hombres en moto se acercaron y uno de ellos disparó tres veces, causando la muerte de Usberica en el lugar.
Los agentes del Cicpc recuperaron el cuerpo y el celular de la víctima, donde encontraron mensajes de Villorina, quien intentaba evitar que ella tuviese al bebé. Las indagaciones concluyeron que el acusado había cometido el delito de femicidio agravado, específicamente por su desacuerdo con el estado de gestación de la víctima.
Villorina fue aprehendido y presentado ante el Ministerio Público, que lo acusó formalmente. El 9 de junio de 2023 se llevó a cabo la audiencia preliminar en el Tribunal Primero de Control especializado en delitos de violencia contra la mujer en Carabobo, donde se acordó un juicio programado para el 31 de enero de 2024. Sin embargo, no se presentó, lo que llevó a la emisión de una orden de aprehensión.
Se sospecha que el funcionario huyó a España con su familia en diciembre de 2023. Tras su arresto, la fiscal Migdely Daniela Villalobos Torres solicitó al tribunal iniciar el proceso de extradición, el cual fue aprobado y enviado a la Sala Penal del TSJ.
Villorina Otero enfrenta potencialmente una pena de 30 años de prisión conforme a la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
DCN/Agencias