El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, se expresó sobre el atentado contra el político Miguel Uribe, ocurrido el 7 de junio en Bogotá, señalando que la investigación está en sus primeras etapas, basándose en vídeos, testigos y en el autor material del ataque, un menor de edad. Afirmó que la responsabilidad primordial del Estado es proteger al menor involucrado.
Petro indicó que la búsqueda del autor intelectual es prioritaria, incluso si reside en el extranjero. A pesar de la distancia política entre la familia Uribe y el Gobierno, destacó el compromiso de que la política debe estar libre de violencia.
Mientras tanto, la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde está internado Uribe, comunicó que se encuentra en estado crítico, con escasa respuesta a los tratamientos médicos. El pronóstico sigue siendo reservado, según el director médico, Adolfo Llinás Volpe.
La Fiscal General, Luz Adriana Camacho, informó que el objetivo inicial es identificar la red sicarial que podría estar involucrada. Aclaró que no ha interrogado al menor, ya que este ha estado bajo atención médica. Enfatizó que los sicarios a menudo carecen de información sobre quienes ordenan los ataques, y el tratamiento para menores es distinto al de los adultos.
Carlos Triana, director de la Policía Nacional, reveló que el arma del atentado, una pistola Glock, fue comprada en Arizona en 2020, pero se investiga su llegada a Colombia.
El atentado ha generado reacciones en el ámbito político a menos de un año de las elecciones de 2026. Tras un consejo de seguridad, se anunciaron medidas para reforzar la protección de al menos 30 candidatos y líderes opositores que han recibido amenazas.
Gustavo Petro mencionó que su propia familia ha sido amenazada, reforzando la idea de que el ataque se vincula a un enemigo del Gobierno. Varios políticos, como el exministro José Antonio Ocampo y la senadora María José Pizarro, han instado a evitar la repetición de la violencia política del pasado.
El clima electoral se ha tensionado. Candidatos como Claudia López han cancelado actividades por razones de seguridad, mientras que el Centro Democrático exigió medidas para proteger a sus miembros. Un comunicado conjunto de diversos partidos condenó el atentado y resaltó su amenaza a la democracia.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, convocó a una reunión con todos los partidos para discutir garantías electorales, advirtiendo sobre la polarización existente y las implicaciones de la retórica violenta en el contexto actual.
Este atentado representa un desafío significativo para la seguridad en el país y el desarrollo del proceso electoral.
DCN/Agencias