Las redadas migratorias en lugares de trabajo continuaron este sábado en Los Ángeles por segundo día consecutivo, enfrentando nuevamente a autoridades federales con manifestantes. Estos últimos denunciaron la falta de comunicación para los detenidos con abogados y congresistas.
Decenas de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) realizaron un operativo en una empresa de Paramount, resultando en al menos 65 arrestos. La comunidad respondió de inmediato, con cientos de manifestantes bloqueando la salida de vehículos federales. Las autoridades dispersaron a los protestantes usando gases lacrimógenos, permitiendo la extracción de los detenidos en camionetas de CBP sin distintivos.
Durante la jornada se escucharon consignas como “fuera ICE”. A diferencia de la jornada anterior, hubo más caos, con más de siete redadas reportadas en diferentes locales, incluyendo una tienda de donas. La presencia de autoridades migratorias en supermercados latinos también circuló ampliamente en redes sociales, advirtiendo que “la migra estaba a la caza”.
Se registraron detenciones de varios manifestantes, entre ellos David Huerta, presidente del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios de California, quien resultó herido mientras documentaba una de las redadas.
Las autoridades negaron el ingreso de abogados y congresistas al centro de detención de ICE en Los Ángeles, quienes buscaban comunicarse con los inmigrantes. Un representante de la Cámara expresó que había recibido informes sobre las precarias condiciones de los detenidos, denunciando hacinamiento, falta de comida y agua, y condiciones inadecuadas en las que permanecen encerrados.
Los activistas han indicado que las redadas durante el fin de semana buscan desalentar la defensa de los inmigrantes, facilitando así deportaciones rápidas. Jorge Mario Cabrera, vocero de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA), comentó que estas acciones son una “excusa” para obstaculizar la abogacía sobre una propuesta de ley en el Senado que dotaría de recursos significativos a las autoridades migratorias.
DCN/Agencias