Chile pide a Israel la extradición de exjueza implicada en el escándalo de robo de bebés para su venta en el extranjero.
Procesamiento por sustracción de menores durante la dictadura de Pinochet
El juez del Tribunal de Apelaciones de Santiago, Alejandro Aguilar Brevis, emitió el 2 de junio un significativo procesamiento por sustracción de menores, el primero relacionado con la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Además, solicitó al Supremo una extradición hacia Israel de la exjueza Ivonne Gutiérrez Pávez.
Los encausados enfrentan cargos por sustracción de menores y prevaricación en la adopción irregular de dos niñas, hijas de «madres niñas» de la comuna de San Fernando, quienes fueron entregadas a matrimonios extranjeros, según el medio ‘La Tercera’.
Los imputados son Ismael Moisés Espinoza León, Carlos Sigisfredo Vega Segura, Laura Rosa Silva Sánchez y Sylvia Clara Vilches Rojas, todos solicitados por prisión preventiva. Gutiérrez, quien era jueza del Juzgado de Menores en San Fernando, también está incluida en la acusación.
La petición de extradición a Israel se basa en el Convenio Europeo de Extradición, vigente desde el 1 de junio. Aguilar reside en Israel, según información de la Policía de Investigaciones de Chile.
Este procesamiento es el primero contra una red involucrada en el robo de menores de familias vulnerables para enviarlos al extranjero. La red incluía abogados, sacerdotes, miembros de organizaciones sociales y funcionarios del Poder Judicial.
El caso se remonta a enero de 1983, cuando Gutiérrez, Espinoza León y Silva Sánchez se apropiaron de una niña de tres años llamada Andrea, con la intención de venderla al extranjero. Para ello, iniciaron un procedimiento judicial en el tribunal que dirigía Gutiérrez, quien autorizó la solicitud de tuición para sacar a la menor del país. Sin embargo, la madre, con ayuda de Carabineros, logró recuperar a su hija pocos días después.
Adicionalmente, Gutiérrez aprobó rápidamente la salida de otro niño, A.A.R.R., hacia Estados Unidos, el 12 de marzo de 1983. El juez explicó que esta organización delictiva buscaba sustraer infantes con fines de lucro, llegando a cobrar hasta 50.000 dólares para enviarlos a diversos destinos en Europa y Estados Unidos.
DCN/Agencias