Detenida abogada por brindar apoyo a migrantes venezolanos deportados a El Salvador
Una abogada salvadoreña, Ruth Eleonora López, fue arrestada por la Fiscalía General de El Salvador mientras atendía a 252 migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos y encarcelados en el país. López, de 47 años, es reconocida por su trabajo en la unidad anticorrupción de la ONG Cristosal y enfrenta acusaciones de «peculado» relacionadas con su labor previa como asesora del ex presidente del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas.
La fiscalía alega que colaboró en la sustracción de fondos del estado. Su detención ha sido condenada por trece organizaciones internacionales de derechos humanos, incluyendo Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que exigen su liberación y garantías de debido proceso.
Cristosal mencionó que no se conoce el paradero exacto de López, destacando la preocupación por la seguridad de los defensores de derechos humanos en el país. La ONG, que asiste a familias de detenidos en el contexto de la «guerra» contra pandillas iniciada por el presidente Nayib Bukele en 2022, también ha recopilado información sobre los migrantes venezolanos encarcelados.
Recientemente, López fue arrestada dos días después de que abogados del bufete Grupo Ortega, contratados por el gobierno venezolano, denunciaron que sus clientes sufrían torturas físicas y morales.
En otro contexto, el comisionado de derechos humanos presentó su renuncia, elogiando la política de seguridad de Bukele. No se han dado más detalles sobre los motivos de su salida.
La justicia salvadoreña también ha encarcelado a otros activistas, incluyendo al abogado ambientalista Alejandro Henríquez y al pastor evangélico José Pérez, tras protestas de familias campesinas. Se han emitido críticas a un proyecto de ley de “agentes extranjeros” que impondría un impuesto del 30% a las donaciones a ONG, lo que ha generado mayor preocupación sobre el autoritarismo en el país.
La situación en El Salvador se ha caracterizado por un debilitamiento de las instituciones y represión, marcando un contexto preocupante para los defensores de derechos humanos.
DCN/Agencias