Fiscalía de Perú acusa al ministro de Educación de promover la discriminación

La Fiscalía de la Nación de Perú ha presentado una denuncia constitucional contra el ministro de Educación, Morgan Quero, por incitación a la discriminación, en relación con las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar entre diciembre de 2022 y principios de 2023. La información fue divulgada el miércoles por el Ministerio Público.

El organismo, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, llevó la denuncia al Congreso por un delito contra la humanidad, específicamente la incitación a la discriminación. Este tipo de denuncias es un procedimiento especial para altos funcionarios del Estado, que requiere la aprobación del Congreso para avanzar en la acusación.

Si el Legislativo otorga su visto bueno, la Fiscalía podrá proceder con la acusación. En caso de rechazo, el proceso se detendrá. La denuncia contra Quero surge de una declaración que realizó al finalizar un evento oficial, en la que se alegó que promovía la exclusión y desvalorización de los manifestantes.

La controversia se intensificó un día después del Día Internacional de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 2024, cuando una periodista le preguntó sobre la falta de pronunciamiento del Gobierno respecto a los 49 fallecidos durante las protestas tras la destitución del expresidente Pedro Castillo. Quero respondió que «los derechos humanos son para las personas, no para las ratas».

El video de esta declaración se volvió viral en redes sociales, provocando críticas y demandas por su renuncia. Posteriormente, Quero ofreció una entrevista telefónica a Canal N, donde calificó de «desafortunada» su declaración y alegó que sus palabras habían sido malinterpretadas. Además, argumentó que pensó que la pregunta estaba relacionada con la violación de menores de edad y la pena de muerte para pederastas.

A pesar de la controversia, Quero expresó su pesar por el dolor de las víctimas y familias afectadas por las protestas. Cabe destacar que es un funcionario cercano a la presidenta Dina Boluarte y ya había enfrentado críticas en el pasado, al referirse a las violaciones en comunidades awajún como una «práctica cultural».

DCN/Agencias

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