Decisiones judiciales, en materia de violencia de género objetos de comercio en Aragua. Por Robert Alvarado

“La corrupción judicial es una desviación de las funciones judiciales para obtener un beneficio material o inmaterial, propio o para terceros, y tiene un efecto devastador sobre el sistema judicial en su conjunto”. ONU/ ODH-ULA

La violencia de género es un problema grave en nuestro país, y aunque se han establecido tribunales especializados para abordar este tema, hay cuestionamientos y debilidades en su funcionamiento, potenciadas esas debilidades por aspecto cuestionables, como sería el caso de haber convertido simples autos, decisiones y/o sentencias en objetos de comercio estandarizados, algo que, sin duda, garantiza respuesta efectiva sólo a quien con dinero, influencia o valimiento somete a la Diosa de la Iustitia, Temis, a sus pretensiones, ante las cuales, en ese contexto, poco valen las alegaciones o el ejercicio del buen derecho.

La corrupción, tema álgido por estos días, afecta el funcionamiento de los tribunales especializados en materia de violencia de género, más que la falta de capacitación de cientos de jueces, cuando se une ambas circunstancias, los resultados son deplorables. A causa de la corrupción, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hay deficiencias en la respuesta judicial de esos órganos jurisdiccionales, lo cual imposibilita o dificulta, en el mejor de los casos, el acceso a la justicia.

En Venezuela, los jueces han sido cuestionados por su falta de independencia e imparcialidad en la toma de decisiones, inicialmente por plegarse a las consabidas “ordenes de arriba”, eso sigue sucediendo, aunque hoy día el fenómeno de la corrupción pareciera propio de jueces y juezas, tanto que la corrupción en ellos rebasa la falta de independencia e imparcialidad, cosa que parece importar poco si se está inmerso en las llamadas mafias judiciales que, por cierto, abundan como expresión preclara de la corrupción. Para muestra, el caso reciente de corrupción en Venezuela que involucra a tres jueces asociados a una trama de corrupción conocida como Pdvsa-Cripto.

Aponte Aponte, capitoste del régimen que dictaba las “órdenes de arriba” a la llamada “guillotina judicial”, entiéndase, al circuito judicial penal del estado Aragua, fue uno de los primeros detractores del régimen en afirmar que el sistema judicial del país es muy corrupto y que hay mucha manipulación. Un informe de la ONU destacó que esos jueces corruptos actúan con impunidad, creando una justicia selectiva de condenados y exculpados, favorecidos o proscritos del acceso a la justicia. Así las cosas, la corrupción en el sistema judicial de Venezuela afecta a la ciudadanía, de modo singular, en los tribunales especializados en materia de violencia de género.

La alusión a Eladio Aponte Aponte y su polémica afirmación no es gratuita, por cuanto, gran parte de la manipulación de la justicia a la que él se refería ocurrió en el estado Aragua, en materia penal, y sigue ocurriendo, solo que se diversificó o amplió como resultado del fenómeno de la corrupción. Me explico, si antes la manipulación se hacía por órdenes de arriba, ahora es el resultado del negocio acordado en torno a la causa penal que se tramita. Así de simple. Es algo vox populi en el piso 1 del edificio sede del Circuito Judicial Penal del estado Aragua, asiento de los tribunales especializados en materia de violencia.

Allí, las decisiones compiten, en cuanto a precio para su adquisición, con los artículos de primera necesidad, siempre con tendencia a la alza. En Maracay los costos o precios en la compra de decisiones judiciales en el Circuito en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer del Estado Aragua se pueden comparar con una subasta, donde los interesados ofrecen la cantidad más alta para obtener el resultado deseado, sobreviniendo con ello un hecho irrebatible, la corrupción pone en riesgo la posibilidad de tener un juicio justo y cumplir con las exigencias mínimas de un Estado de derecho, pan nuestro de cada día, por ejemplo, en el Juzgado de Control N° 1 en materia de delitos contra la mujer del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, a cargo de la jueza Dianifer Alejandra Bello Velásquez.

Allí mismo, en el piso 1 del Palacio de Justicia de Maracay, me describieron una trama de corrupción en la que la jueza Dianifer Alejandra Bello Velásquez se reúne en secreto, personalmente o a través de operadores, con abogados litigantes, encausados o familiares de éstos para vender y cobrar decisiones judiciales. En esta trama, en que la jueza Bello Velásquez actúa como decisora, suele ofrecer sus servicios al mejor postor, los abogados y encausados, por su parte, compiten entre sí para ofrecer la cantidad más alta y obtener la decisión judicial que necesita para sus intereses. Todo esto ocurre en un ambiente clandestino, en el que los participantes se mueven con sigilo para evitar ser descubiertos.

En esta trama, la justicia se convierte en un producto que se puede comprar y vender al mejor postor, y los encausados que no cubran las expectativas económicas quedan en una situación de indefensión. Otra variante de la trama acontece cuando la decisión viene entubada, desde arriba, vale decir del Tribunal Supremo de Justicia. Recientemente, en el Tribunal 1° de Control en materia de delitos contra la mujer del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, en una causa de la que tenía que desprenderse, pasaron a juicio a un ciudadano con argumentos baladíes. La jueza, sin miramientos, decidió el pase a juicio, corrección, ella no decidió, le mandaron la decisión para que solo estampara su firma en ella, como en efecto ocurrió después de un contradictorio.

En la materialización de esa decisión entubada, me comentó mi fuente, por cierto, allegada a una de las partes en conflicto, están involucradas dos ex Magistradas del TSJ, Francia Coello González y Yanina Beatriz Karabín de Díaz, quienes vienen incidiendo negativamente en contra de quien tienen contra las cuerdas, sin darle oportunidad de que prosperen sus actuaciones, y allí, en el Palacio, ha tenido un rol protagónico el abogado Pedro Solorzano, segundo a bordo del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, por una razón no tan baladí, tiene una deuda con un ciudadano directamente relacionado con la causa en cuestión. Eso es sin ahondar mucho, en una trama en que Francia y Yanina no pueden negar su participación, al menos eso me dijo mi fuente.

Lo más reprochable en jueces que vendan decisiones judiciales no es tanto la falta de independencia e imparcialidad en su trabajo, sino la falta de probidad, de decoro, de vergüenza. Cuando los jueces venden decisiones judiciales y, en consecuencia, manipulan la administración de justicia, se determinan en corruptos, lo peor, como resultado de esa conducta, la justicia deja de ser accesible y equitativa para todos. Es importante que se realicen evaluaciones periódicas de los tribunales especializados en materia de violencia de género en el estado Aragua y en todo el país para identificar debilidades y mejorar su funcionamiento.

Atención amigo Tarek William Saab, estos días te he visto muy activo en cuanto a corrupción se refiere, la corrupción en el Circuito en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer del Estado Aragua no es poca cosa. No eches en saco roto que, como Fiscal General, tienes la responsabilidad de investigar y llevar ante la justicia a los responsables de delitos, incluyendo la corrupción, y “que la Fiscalía de Venezuela ha anunciado procesos y detenciones de funcionarios por corrupción”.