Capturaron al gobernador de Cundinamarca

El exgobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, fue capturado en la noche del jueves por miembros del CTI de la Fiscalía, por su presunta responsabilidad en el carrusel de la contratación.

El fiscal general Eduardo Montealegre explicó que la captura del exgobernador se dio porque pagó 2.000 millones de pesos a un Procurador para que intentara interferir ante los funcionarios de la Fiscalía.

La investigación se inició por una denuncia del vicefiscal, Jorge Perdomo, y se le imputará el delito de cohecho.
De acuerdo con Montealegre, el exgobernador intentó que un particular interfiriera en el proceso con una cadena de intermediarios.

El Fiscal declaró que ya se abrió investigación penal en contra de los Policías que no colaboraron con el proceso para capturar a Cruz.Además, agregó que queda cerrada cualquier posibilidad de negociación con Cruz y que su esposa, Luz Zoraida Roso, será imputada por el delito de cohecho.

En cuanto al destino del dinero, Montealegre informó que el ente acusador detectó que los intermediarios alcanzaron a comprar bienes que están en proceso de extinción de dominio.

El jueves, hacia el mediodía, un juez de Bogotá expidió una orden de captura en contra de Cruz, a solicitud de la Fiscalía.

Aunque durante el jueves el CTI inició el operativo de búsqueda, Cruz se presentó de forma voluntaria a la Fiscalía, en la noche del jueves. En las próximas será llevado ante un juez para legalizar su captura e imputarle cargos. (Lea además: Dos cuñados y dos contratos enredan al gobernador Álvaro Cruz).

Fuentes de la Fiscalía señalaron a EL TIEMPO que Cruz estaba en proceso de negociación para aceptar cargos, pero al mismo tiempo estaría escondiendo información e intentando, presuntamente, afectar el proceso y por eso se decide su captura.

Cruz deberá responder por interés indebido en la celebración de contratos y cohecho y abuso de confianza calificado. Según fuentes del CTI, Cruz se encontraba en Santa Marta.

El exgobernador, según las investigaciones, habría pagado un soborno de 800 millones de pesos para poder obtener un contrato en la Unidad de Mantenimiento Vial, en el 2009, durante la Alcaldía de Samuel Moreno, a través de su firma ICM. Se trata del contrato 193 del 2009, por unos 24.000 millones de pesos, para el suministro de asfalto. (Lea también: El megacontrato que llevará ante un juez a Álvaro Cruz).

El soborno habría sido girado a los entonces concejales Hipólito Moreno, Orlando Parada y Andrés Camacho, quienes ya fueron condenados por su participación en el ‘carrusel’.

Tras conocerse el escándalo, Cruz presentó su renuncia irrevocable a la Gobernación de Cundinamarca en agosto pasado. Con esa decisión, perdió fuero como gobernador y, por lo tanto, el juicio en su contra no será llevado ante la Corte Suprema de Justicia. La diligencia, por lo tanto, se cumplirá en los juzgados de Paloquemao.

“Debo informarle que la Fiscalía está adelantando una investigación frente a mi ejercicio profesional como ingeniero civil independiente, en el mes de diciembre del año 2009, lo que me obliga a atender los requerimientos de ese organismo constitucional”, señala Cruz en la carta con la que renunció el 11 de agosto, decisión que se hizo efectiva ocho días después.

Ante la renuncia de Cruz, el 18 de agosto pasado el presidente Juan Manuel Santos nombró como gobernador encargado de Cundinamarca a Guillermo Rivera, quien se desempeñaba como consejero presidencial para los derechos humanos.

Procurador judicial, enredado en proceso

La Fiscalía capturó este viernes al procurador 84 judicial administrativo Hernán Jovel Muñoz, por su presunta vinculación en el ‘carrusel de contratos en Bogotá.

El procurador delegado está vinculado a la investigación que se sigue contra el gobernador Álvaro Cruz.

Jovel es solicitado por la Fiscalía 3 delegada ante la Corte Suprema de Justicia por los delitos de enriquecimiento ilícito de particular y cohecho por dar u ofrecer.

Fuentes de la Procuraduría aseguraron que este procurador judicial no llevaba casos disciplinarios, pues trabaja en el área administrativa, específicamente en la de conciliación.

Según la Procuraduría, el Gobernador Cruz tiene cuatro procesos disciplinarios en ese órgano de control.

Ante la captura del procurador delegado, la Procuraduría aseguró, en un comunicado, que «no ha tolerado ni tolerará la corrupción en ninguna entidad del Estado y menos al interior del Ministerio Público».

El organismo aseguró que tiene toda la disposición para «colaborar de manera armónica con todas las entidades judiciales, administrativas y fiscales en el objetivo de su lucha contra la corrupción y esclarecimiento de los hechos que involucren a los funcionarios públicos»-

Así, indicó que prestará su apoyo para esclarecer los hechos en los que, supuestamente, está involucrado el contralor delegado Jovel Muñoz.

El Ministerio Público dijo, además, que procederá a suspender del cargo al funcionario, una vez se le dicte medida de aseguramiento en su contra, si llegara a ser el caso.

El Procurador Alejandro Ordóñez le ordenó a la veeduría de la entidad que inicie una investigación disciplinaria por este caso.

DC/ET