En varias ciudades de Estados Unidos se realizaron este sábado marchas en solidaridad con los 43 estudiantes desaparecidos el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero.
La Red Mexicana de Líderes y Organizaciones Migrantes señaló que los manifestantes exigieron al Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto asuma las acciones pertinentes al caso con honestidad y justicia. En Los Angeles, unas 1.000 personas se congregaron en el Parque MacArthuir para cuestionar las políticas de Estado de México, de acuerdo con el portal web La Jornada.
En el encuentro se reunieron indígenas, maestros, amas de casa, estudiantes, empleados públicos y líderes de organizaciones comunitarias, entre otros. La mexicana Génesis Godínez exigió “cambiar al sistema corrupto, que lo único que hace es secuestrar, asesinar, reprimir, vender playas, petróleo y minas”.
En tanto, se hizo presente la organización Trinacional de Educación Pública, que agrupa a mentores, estudiantes y académicos de México, Estados Unidos y Canadá, defensores de la educación pública. La estadounidense Rosemary Lee, directora ejectutiva de la referida organización, informó que en los próximos días realizarán un nuevo evento en el que participen miembros de los sectores escolares de México y Estados Unidos para tratar el caso de Ayotzinapan.
Se prevé que en San Francisco y Manhatan se realicen vigilias para demandar la aparición con vida de los normalistas. La Red Mexicana de Líderes y Organizaciones Migrantes ha señalado que la administración Peña Nieto evade su responsabilidad en la desaparición de los estudiantes.
“Existe responsabilidad federal por omisión desde el momento en que el Ejército mexicano estuvo al tanto de los sucesos el día del ataque a los estudiantes. Dados los antecedentes del ex presidente municipal, José Luis Abarca, y su esposa de tener vínculos con el crimen organizado, esos elementos eran suficientes para la pronta intervención del gobierno federal”, puntualizó la instancia.
La comisión especial de la Cámara de Diputados de México confirmó que sí existió desaparición forzada de los 43 estudiantes, quienes presuntamente habrían sido detenidos el 26 de septiembre pasado por funcionarios policiales de los municipios de Iguala y Cocula que, a su vez, los habrían entregado al grupo delictivo organizado Guerreros Unidos.
Los alumnos sufrieron violaciones a sus derechos humanos, como tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como ejecuciones extrajudiciales, de acuerdo con un informe preliminar. Durante las labores de búsqueda de los jóvenes desaparecidos se han encontrado -al menos- nueve fosas comunes, con cuerpos de personas presuntamente asesinadas por organizaciones criminales que operan en México.
DC – AP
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