
El abogado y representante legal del Comando con Venezuela, Perkins Rocha, señaló que las inhabilitaciones políticas impuestas a dirigentes opositores no tienen validez constitucional, ya que no se sustentan en condenas penales formales. En una entrevista con Margarita Oropeza, Rocha llamó al nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a revisar y anular estas medidas.
El jurista destacó que estas inhabilitaciones son sanciones accesorias vinculadas a una pena que nunca se ha dictado. «Nadie de los que fue inhabilitado ha enfrentado una condena penal», argumentó. Además, criticó el papel de la Contraloría General de la República en estos procesos y cuestionó los fundamentos legales que llevaron a la inhabilitación de figuras como María Corina Machado. «¿Dónde está la pena principal que condenó a María Corina y a otros líderes políticos inhabilitados?», se preguntó.
Rocha también expresó su preocupación por la falta de transparencia en la notificación de estas medidas, indicando que no se formalizaron adecuadamente y que solo se conocieron a través de anuncios no oficiales en internet. Proponiendo acciones legales, sugirió interponer recursos de hecho en el caso de Machado y solicitudes de nulidad para los demás afectados.
En defensa de la libertad de expresión, Rocha aseguró que es un derecho absoluto, limitado solo por la posible reparación de daños mediante un Poder Judicial robusto. Asimismo, se opuso a cualquier intervención estatal en los medios de comunicación y consideró inviable la formación de una Asamblea Nacional Constituyente en el contexto actual, advirtiendo que esto podría agravar la crisis institucional del país y que se requiere un proyecto de unidad nacional para la reconstrucción republicana.
DCN/Agencias