Parlamento venezolano revisa la polémica ley de odio para adaptarla a estándares internacionales
El Parlamento de Venezuela, dominado por el chavismo, está considerando la inclusión de criterios internacionales en la reforma de la Ley Constitucional contra el Odio. El diputado oficialista Jorge Arreaza, quien forma parte de la comisión encargada de esta reforma, indicó que se están analizando seis criterios del Plan de Acción de Rabat, que se centran en el contexto, la categoría del emisor, la intención, el contenido, la extensión y la probabilidad de causar daño.
Arreaza también comentó que hay planes para capacitar a quienes implementen la ley, con el fin de evitar los «excesos y abusos» que ocurrieron en la aplicación de la normativa actual. La reforma incluye la derogación de cinco artículos que imponen penas de prisión, criticas por parte de diversos sectores del país. En su lugar, se estarían proponiendo sanciones alternativas, a las cuales también se ha oponido la sociedad civil que pide la eliminación total de la ley.
Se está considerando la posibilidad de disculpas públicas dentro de las reformas, mientras que el término «odio» podría ser eliminado del título de la ley, ya que se considera «difuso y complicado de definir». La legislación vigente establece penas de 10 a 20 años de cárcel para quienes inciten al odio, la discriminación o la violencia.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, había solicitado en septiembre que se reformara la ley, criticando su mala aplicación. Esta norma, aprobada en 2017, ha sido objeto de rechazo por organizaciones y la oposición, quienes argumentan que es parte de un marco legal represivo contra periodistas y defensores de derechos humanos. Se estima que al menos 927 personas han sido acusadas de «incitación al odio» desde su implementación, según datos del Foro Penal.
DCN/Agencias
