Congreso colombiano aprueba legislación para someter a grupos armados, en contraste con la propuesta de «paz total» de Petro.

El Congreso colombiano aprobó la madrugada del martes un proyecto de ley que prioriza la persecución de grupos armados. Esta iniciativa, presente en el gobierno del conservador Abelardo de la Espriella, reemplaza la política de “paz total” del anterior presidente, Gustavo Petro.

La ley, que aún requiere la firma del presidente para oficializarse, abandona el enfoque de diálogos de paz con diferentes grupos ilegales y establece el sometimiento sin concesiones políticas para los llamados “terroristas”. El Senado aprobó esta medida con 57 votos a favor y 24 en contra, y la Cámara de Representantes con 95 votos a favor y 10 en contra.

De la Espriella, quien asumió la presidencia prometiendo una postura más dura contra los grupos ilegales, argumenta que la «paz total» había incentivado la expansión de estas organizaciones armadas, sin lograr su desmovilización efectiva. Según la Fundación Ideas para la Paz, el número de hombres en armas en Colombia pasó de aproximadamente 15.120 en diciembre de 2022 a 28.802 en julio de 2026, destacando un incremento en grupos como el Clan del Golfo y facciones disidentes de las FARC.

El proyecto de ley introduce un tratamiento diferenciado para aquellos que se sometan voluntariamente a la justicia y ofrece la posibilidad de rebaja de penas, dependiendo de sus contribuciones al desmantelamiento de las estructuras ilegales. Sin embargo, no se permitirán suspensiones de órdenes de captura ni extradiciones para quienes se entreguen a la justicia, dos medidas que formaban parte de la política de “paz total”.

Durante el debate, la senadora del opositor Pacto Histórico, Carmen Patricia Caicedo, criticó la nueva ley, afirmando que se están otorgando beneficios a criminales. En contraste, el ministro de Justicia, Iván Cancino, destacó que las penas serán severas para los reclutadores y que deberán renunciar a sus bienes sin recibir compensación alguna.

La discusión tuvo lugar en un contexto apremiante, dado que se encontraba en juego la prórroga de la ley de orden público de 1997, que normalmente se adapta según las políticas de seguridad de cada gobierno.

DCN/Agencias

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