
En el marco de la Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal, el Fiscal Larry Devoe sostuvo una reunión con representantes de diversas agencias, fondos y programas del Sistema de las Naciones Unidas (ONU). Su propósito fue evaluar las contribuciones, experiencias y recomendaciones técnicas para la transformación del sistema judicial venezolano.
El encuentro contó con la participación de figuras destacadas como María Alvarado de Unicef, representantes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Oacnudh), Lia Poggio de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), y María Ysabel Cedeño del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa). También estuvieron presentes Luis Francisco Thais del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), Sarah Douglas, directora para América y el Caribe de ONU Mujeres, y un directivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).
Por parte del Estado venezolano, asistieron la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Rodríguez; la defensora del Pueblo, Eglée González Lobato; el defensor Público General, Daniel Ramírez; y la presidenta de la Sala de Casación Penal del TSJ, Carmen Marisela Castro. Estas autoridades reafirmaron su compromiso interinstitucional enfocado en mejorar la justicia y el bienestar de la población.
Durante la actividad, el Fiscal enfatizó la relevancia de la cooperación técnica internacional para establecer una política penal que cumpla con estándares elevados en derechos humanos, garantizando el debido proceso y un acceso efectivo a la justicia. Se resalta que la colaboración del Sistema de las Naciones Unidas es fundamental para diseñar una política penal alineada con las normativas internacionales. El Fiscal General expresó su agradecimiento por la disposición de la ONU para ofrecer asistencia técnica y acompañar la implementación de la hoja de ruta resultante de esta consulta nacional.
Además, el Fiscal mencionó que la modernización y el fortalecimiento del sistema de justicia penal es un esfuerzo colectivo que requiere la cooperación de todos los sectores institucionales. En este sentido, el coordinador residente de la ONU en Venezuela, Álvaro Rodríguez, subrayó que esta iniciativa representa una oportunidad crucial para promover cambios que eviten impactos negativos en los sectores más vulnerables, garantizando el debido proceso y avanzando hacia una justicia más humana y eficiente. Rodríguez reafirmó el compromiso de la ONU de proporcionar cooperación técnica y presentar recomendaciones para fortalecer el sistema de justicia.
DCN/Agencias