Rafael Badell: El régimen instaurado por el chavismo continúa en el poder
Durante 27 años, los venezolanos han sido testigos del deterioro del sistema judicial, que ha pasado a ser un instrumento del poder político. Este fenómeno no se limita a errores aislados o sentencias incorrectas, sino que forma parte de un patrón sistemático en el que la ley se ha utilizado para perseguir a opositores, presionar a sectores productivos y justificar la confiscación de bienes. En este contexto, pedir confianza en los jueces resulta poco realista.
El daño va más allá de casos individuales. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha jugado un papel crucial en el colapso de las garantías constitucionales, al validar leyes y decretos inconstitucionales en lugar de proteger la constitución. Sus decisiones han restringido el poder del Parlamento y han desestimado amparos por violaciones a los derechos humanos, convirtiendo a la justicia en un aparato que debilita las instituciones del país.
Del mismo modo, Rafael Badell Madrid, presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, ha señalado que el colapso de la independencia judicial ha tenido graves consecuencias en la economía y los derechos humanos. Según él, un nuevo TSJ debe confrontar al poder en sus decisiones y restaurar la legalidad, un proceso que llevará tiempo y esfuerzo.
El Comité de Postulaciones, encargado de seleccionar magistrados para el TSJ, ha sido criticado por su composición, que permite a los partidos políticos influenciar el poder judicial, en contravención al artículo 270 de la constitución que promueve una representación civil. Esta situación refleja la falta de democracia y el control político que ha marcado los últimos años en Venezuela. Las propuestas de cambio deben incluir la participación activa de la sociedad civil y un rechazo a las leyes que violan derechos fundamentales.
DCN/Agencias
