
Óscar Murillo, coordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), ha planteado la necesidad de anular la Ley contra el Odio, al considerar que su vigencia envía un mensaje negativo a las víctimas de la persecución estatal. Murillo destacó que, aunque ha habido una reducción en la represión, esto no asegura la protección de las libertades individuales.
En una entrevista en el circuito Éxitos de Unión Radio, el representante de Provea cuestionó los fundamentos de esta ley, indicando que las autoridades la aplican de manera arbitraria, bajo la justificación de sancionar acciones que generen «zozobra o conmoción».
El activista hizo un llamado a que el Estado elabore marcos legales a través de consensos que respeten los derechos fundamentales de la ciudadanía. «Es fundamental recuperar las garantías para que los venezolanos puedan dialogar y reflexionar sobre el país deseado, sin temor a ser amenazados o hostigados», afirmó Murillo.
A pesar de reconocer que la violencia institucional ha disminuido recientemente, subrayó que las autoridades aún tienen responsabilidades pendientes en cuanto a la restauración de los derechos de los ciudadanos. En su análisis, Murillo advirtió que, si bien hay menos represión, las garantías y libertades aún no han sido adecuadamente protegidas.
Por ello, la organización civil hace un llamado a las autoridades para desmantelar los mecanismos que facilitaron el acoso político en años anteriores, enfatizando que se requieren reformas estructurales más allá de simples cambios en la legislación.
DCN/Agencias