Modificación de la Ley Antidiscriminación propone sanciones de hasta 10.000 euros en Venezuela
El ambiente legislativo en Venezuela se está redefiniendo con la presentación del proyecto de reforma a la conocida como «Ley contra el Odio», que ahora se denomina «Ley para la Convivencia Pacífica y la Tolerancia». Esta transformación responde a la sentencia número 1034 del SC/TSJ, que respalda la propuesta de la Asamblea Nacional.
Una de las modificaciones más relevantes impulsa la eliminación de las sanciones penales, proponiendo en su lugar un sistema de infracciones y sanciones administrativas. Las multas se establecerán entre 500 y 10.000 veces el tipo de cambio oficial del bolívar, lo que equivale, aproximadamente, a un rango de 500 a 10.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción.
El proyecto estipula que la magnitud de las multas se definirá evaluando la gravedad de la falta, el alcance y medio utilizado, la intención del infractor, el beneficio obtenido y si hay reincidencia. También se menciona la opción de sustituir las sanciones monetarias por trabajos comunitarios y programas educativos que fomenten la convivencia, los cuales podrían oscilar entre 200 y 600 horas de duración.
La reforma aclara que «en ningún caso las conductas descritas en este artículo darán lugar a medidas privativas de libertad», limitando así las sanciones a la vía administrativa. No obstante, Acceso a la Justicia propone la derogación de esta ley e insta a un amplio debate en la Asamblea Nacional que incluya a todos los sectores de la sociedad.
En otro orden de ideas, Nicolás Maduro ha rechazado nuevas acusaciones en su contra, las cuales podrían conllevar una pena mínima de 50 años. Por su parte, Alfredo Romero y Gonzalo Himiob, representantes de las víctimas del 11 de abril de 2002, han expuesto sus argumentos ante la CIDH en la primera audiencia del caso «Trujillo y otros Vs. Venezuela».
Este caso ha recobrado atención después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos remitiera el expediente para revisión el 9 de julio de 2024, con el objetivo de facilitar un encuentro entre las víctimas y sus familias 25 años después de los sucesos del 11 de abril.
DCN/Agencias
