Lula solicita anular la candidatura de Bolsonaro alegando «abusos» en redes sociales
La campaña del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva solicitó el miércoles ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) la anulación de la candidatura de Flávio Bolsonaro, senador y candidato presidencial ultraconservador, alegando trato de favor hacia su rival por parte de la empresa Meta y de la red social X.
Lula presentó una Acción de Investigación Judicial Electoral (AIJE) por abuso del poder económico y uso indebido de los medios de comunicación. La solicitud incluye la anulación de la candidatura de Bolsonaro y la declaración de inelegibilidad para él y su ‘número dos’, Alfredo Gaspar de Mendonça, por ocho años después de las elecciones de 2026.
El equipo de Lula argumenta que la infraestructura privada, incluyendo sistemas de recomendación y herramientas de inteligencia artificial, ha operado a favor de Bolsonaro y en contra de su candidatura. En su demanda, señalan la existencia de una «granja de contenido sintético» y una «distribución desproporcionada» en redes sociales, destacando que el perfil oficial de Bolsonaro tuvo 2.96 veces más interacciones por publicación que el de Lula durante la primera semana de la segunda vuelta.
Además, el equipo de Lula denuncia que la cuenta publicitaria de Lula fue restringida antes de la primera vuelta, y que los sistemas de inteligencia artificial generaron contenido a favor de Bolsonaro, rechazando similares solicitudes para Lula. También mencionan que se aprobaron anuncios pagados desde Estados Unidos que incluían una imagen de Donald Trump pidiendo el voto para Bolsonaro.
La denuncia de Lula se produce un día después de que Meta afirmara haber cumplido con las instrucciones del TSE sobre la presunta manipulación de publicaciones para favorecer a Bolsonaro. Sin embargo, el Consejo Asesor de Meta expresó preocupaciones sobre fallos recurrentes en mantener la integridad electoral en sus plataformas.
Por su parte, el equipo de Bolsonaro también presentó una demanda ante el TSE, alegando que el Gobierno utilizó información de portales oficiales para enviar mensajes personalizados sobre programas sociales, lo que, según ellos, constituye un abuso de poder. Hicieron referencia a un contrato vigente hasta diciembre de 2023 que permitiría enviar hasta 170 millones de notificaciones mensuales a través de diferentes canales digitales.
DCN/Agencias
