
La Defensoría del Pueblo, a cargo de Eglée González Lobato, y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) han firmado una Carta de Entendimiento para promover la cooperación institucional en la protección de los derechos de las personas refugiadas, apátridas y retornadas en Venezuela. Este acuerdo sienta las bases para una colaboración técnica y operativa que busca mejorar la atención, orientación y acompañamiento a grupos en condiciones de vulnerabilidad.
Durante el evento, González Lobato enfatizó la importancia de la cooperación internacional, resaltando su papel en el fortalecimiento de las capacidades institucionales y en la respuesta efectiva a las necesidades de la población. La Defensoría del Pueblo ha manifestado su compromiso de trabajar de manera cercana a las comunidades y atender las realidades de quienes enfrentan el desarraigo por desplazamiento.
Además, la Defensora destacó la labor de las Brigadas Defensoriales, que funcionan como un vínculo directo con las comunidades, especialmente en situaciones de emergencia. En este contexto, se anunció la creación del programa Jóvenes Defensoriales, que tiene como objetivo fomentar la participación de las nuevas generaciones en la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de soluciones desde sus propias comunidades.
González Lobato declaró que su propósito es transformar el presente para construir un futuro mejor, con una Defensoría que se evalúe por su capacidad de respuesta y por los resultados que aporta en la vida de las personas. La cooperación institucional es considerada fundamental para alcanzar estos objetivos.
Por su parte, la delegación de Acnur, encabezada por Rafael Zavala, Oficial Principal de Protección, estuvo compuesta por varios oficiales del organismo, quienes acompañan la firma de este acuerdo. Con esta Carta de Entendimiento, ambas instituciones buscan fortalecer sus mecanismos de cooperación y facilitar el acceso a derechos, mejorar las respuestas de protección y prevenir situaciones de apatridia, así como garantizar el derecho a una nacionalidad y el acceso efectivo a la justicia para las poblaciones vulnerables.
DCN/Agencias