Foro Penal solicita a la Corte IDH que imponga sanciones al Estado por los sucesos del 11 de abril
Los directores de Foro Penal, Alfredo Romero y Gonzalo Himiob Santomé, solicitaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que declare la responsabilidad internacional del Estado venezolano por los hechos ocurridos el 11 de abril de 2002, donde fallecieron 19 personas y más de 300 resultaron heridas de bala. Esta petición se realizó durante los alegatos finales como representantes de las víctimas en la audiencia del caso Trujillo y otros vs. Venezuela, llevada a cabo en San José, Costa Rica.
Himiob hizo un llamado a los magistrados, enfatizando que la Corte tiene la oportunidad de cerrar un ciclo de violencia e impunidad, brindando nuevamente a los venezolanos y al resto del mundo la esperanza y confianza en el Estado de Derecho. Destacó que la lucha por los derechos humanos es una resistencia prolongada, utilizando este caso como un ejemplo tras casi 25 años de impunidad.
Romero acentuó que los eventos del 11 de abril de 2002 no fueron hechos aislados, sino parte de una estrategia reprensiva para consolidar el poder político. Desde esa fecha, se han repetido patrones de violencia, con grupos civiles armados, conocidos hoy como colectivos, que han estado involucrados en la represión, con más de 20 asesinatos en protestas durante 2004, más de 20 en 2007, más de 40 en 2014 y más de 140 en 2017, además de torturas, detenciones arbitrarias y desapariciones forzosas.
Romero también afirmó que la planificación de esos sucesos se llevó a cabo en una reunión el 7 de abril de 2002, donde se discutió la necesidad de enfrentar de manera «activa, agresiva y contundente» a los manifestantes que intentaran llegar al palacio presidencial de Miraflores. Citó testimonios registrados en el expediente del general de división Manuel Rosendo, jefe del Comando Unificado de las Fuerzas Armadas Nacionales, y del general Efraín Vázquez Velazco, entre otros, quienes estuvieron presentes en esta planificación.
Los representantes de las víctimas continúan demandando justicia, resaltando que la impunidad ha generado desconfianza en las instituciones dentro del país y ha perpetuado un ambiente de violencia contra quienes ejercen su derecho a la protesta.
DCN/Agencias
