Estados Unidos aplica sanciones al Tribunal Penal Internacional

El Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra el Tribunal Penal Internacional (TPI), incluyendo a su presidenta, Tomoko Akane, luego de haber sancionado a varios individuos en agosto. La oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitió esta medida sin ofrecer detalles adicionales, pero estableció cuatro excepciones para permitir ciertas actividades del tribunal, que se encuentra en La Haya. Estas excepciones permitirán realizar transacciones necesarias para la continuidad operativa del TPI, que incluye el pago de salarios, servicios de salud y alquileres, hasta el 7 de abril de 2027.

El comunicado del Departamento de Estado menciona que estas medidas tienen como objetivo permitir a los 125 Estados parte del Estatuto de Roma, que regula al TPI, demostrar avances en las preocupaciones que Estados Unidos tiene sobre la corte. La autorización abarca pagos de pensiones y servicios de telecomunicaciones, así como los necesarios para el bienestar de los detenidos.

Estas sanciones son parte de una campaña más amplia de Estados Unidos, que critica al TPI como un organismo «supranacional corrupto». Hasta 17 personas han sido sancionadas, incluidos jueces y fiscales, como respuesta a la investigación que el tribunal está llevando a cabo sobre crímenes de guerra en Gaza.

Marco Rubio, secretario de Estado, afirmó que Estados Unidos nunca se unió al TPI y rechazó la idea de que este tenga autoridad sobre ciudadanos estadounidenses. Sugirió que Washington desea una solución diplomática, pero advirtió que tomarán más acciones si no se satisfacen sus preocupaciones.

Por su parte, el TPI calificó las sanciones como un intento de «obstruir la justicia». La corte considera que este tipo de medidas pueden intimidar a quienes colaboran con ella y atacar los principios del Estado de derecho. Aseguró que seguirá actuando de manera independiente y que depende del apoyo de los Estados que lo fundaron para su funcionamiento. Enfatizó que los crímenes graves no deben quedar impunes y que es crucial garantizar su operación en el marco del orden internacional.

DCN/Agencias

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