
El diario ecuatoriano Expreso, uno de los más relevantes del país, anunció este lunes que cerrará su edición impresa, que continuará circulando hasta el próximo viernes. Esta decisión se da después de 53 años de publicación ininterrumpida y en un contexto de denuncias de persecución por parte del Gobierno ecuatoriano, tras mantener una línea editorial crítica.
Expreso, editado por Gráficos Nacionales S. A. (Granasa), sustituirá su versión impresa por un formato digital. Por su parte, el otro diario del grupo, EXTRA, seguirá circulando tanto en papel como en digital. En un comunicado, Expreso también informó que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha instado al Gobierno ecuatoriano a detener el hostigamiento hacia los medios y periodistas críticos.
La decisión del cierre se oficializa en medio de un análisis financiero profundo dentro de la compañía, y se convocará a una junta extraordinaria de accionistas el 13 de octubre para revisar la situación económica y evaluar la posibilidad de vender activos y marcas.
En el último año, Expreso ha denunciado una serie de ataques por parte del Gobierno de Daniel Noboa, incluyendo investigaciones de instituciones como el Servicio de Rentas Internas y la Fiscalía por presunta defraudación tributaria y lavado de activos.
Asimismo, en febrero, Granasa informó que la Superintendencia de Compañías de Ecuador había intervenido su empresa para «supervigilar» su situación económica y corregir presuntas irregularidades. Esta intervención fue solicitada por la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, que depende de la Presidencia, citando una participación accionaria del 2,56%.
La editora también ha acusado a la Superintendencia de intentar apoderarse del 40% de sus acciones tras detectar supuestas irregularidades en un traspaso anterior, lo que consideran una estrategia del Gobierno para acallar a una de las pocas voces críticas en el país.
En abril, Galo Martínez Leisker, presidente ejecutivo de Granasa, comentó en un evento de la SIP que enfrentaban otro tipo de acoso gubernamental que afectaba a sus anunciantes, y expresó su incertidumbre sobre cuánto tiempo podrían seguir operando bajo tales condiciones.
DCN/Agencias