Alianza por la Libertad de los Presos Políticos solicita al Poder Judicial el cese del retardo procesal y la atención médica urgente para los presos políticos en Venezuela
La ONG Alianza por la Libertad de los Presos Políticos se trasladó este jueves al Palacio de Justicia en Caracas para exigir acciones inmediatas desde los poderes públicos que solucionen el prolongado retardo procesal que afecta a los detenidos políticos en el país.
Familiares de los reclusos y representantes de la organización entregaron un documento formal al presidente del Circuito Judicial Penal, John Parody, en el que piden rapidez en la programación de audiencias y en la tramitación de solicitudes de libertad para civiles y militares.
Jessica Castro, activista y familiar de Gustavo Hernández, denunció que la inacción en el sistema judicial empeora las condiciones de alrededor de 60 prisioneros que sufren enfermedades crónicas o discapacidades que ponen en riesgo su salud. Además, mencionó la existencia de entre 36 y 40 boletas de excarcelación firmadas por los tribunales que aún no han sido cumplidas por las autoridades penitenciarias.
De acuerdo al último informe de la ONG Foro Penal, Venezuela tiene 322 presos políticos, que se dividen en 308 hombres, 14 mujeres, 182 civiles y 140 miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
Las movilizaciones de este jueves complementan las denuncias realizadas a principios de semana por el abogado Eduardo Torres sobre la liberación irregular de Orlando Ramírez, un dirigente sindical detenido un mes por protestar por condiciones laborales.
El petitorio presentado ante el Poder Judicial destaca la necesidad de otorgar medidas cautelares para aquellos cuyo estado de salud es crítico. También se anunciaron acciones por parte de defensores de derechos humanos ante la Fiscalía General para investigar detenciones arbitrarias y la falta de cumplimiento a las órdenes de liberación.
DCN/Agencias
