
Organizaciones no gubernamentales y víctimas de violaciones de derechos humanos pidieron este martes al fiscal general, Larry Devoe Márquez, que inicie investigaciones contra el militar Rafael Quero Silva, quien fue deportado desde Estados Unidos a Venezuela el 18 de agosto.
Manuel Virguez, director de la ONG Movimiento Vinotinto, informó en una rueda de prensa que existen más de diez denuncias registradas en las fiscalías 21 y 9 del estado Lara por torturas y amedrentamientos hacia la sociedad civil. Estas denuncias están relacionadas con la represión posterior a las elecciones de 2013 y las protestas civiles de 2014, período en el que Quero Silva dirigía el Destacamento 47 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
Virguez señaló que las denuncias ante el Ministerio Público deben estar activas, ya que la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura estipula que estos crímenes son de lesa humanidad y no prescriben. Agregó que la Ley de Protección hacia las Víctimas establece la necesidad de proteger a quienes han sido víctimas, lo cual es crucial en el contexto actual debido a la incertidumbre sobre la ubicación de Quero Silva.
Durante la conferencia, Virguez presentó expedientes de abusos por parte de efectivos militares, mencionando casos específicos como los de Ehisler Vásquez, quien sufrió graves heridas en 2013, e Ivonne Echengucia, que actualmente se encuentra en el exilio tras ser víctima de torturas. También se refirió a tres estudiantes de la Universidad Fermín Toro que denunciaron maltratos.
Rafael Quero Silva, excomandante del Destacamento 47 de la GNB, estaba en situación irregular en Florida desde 2016. Fue detenido en febrero de 2025 por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y fue deportado a Venezuela el 18 de agosto, pero desde entonces su paradero es incierto.
DCN/Agencias