Juez decide hospitalizar al ex presidente Luis Arce debido a su diagnóstico de cáncer.

Un juez ha ordenado este miércoles el traslado inmediato del expresidente Luis Arce (2020-2025) a un centro oncológico especializado debido al cáncer que padece, mientras continúa detenido desde diciembre por un caso de corrupción.

La decisión se tomó tras una acción de libertad presentada por los familiares de Arce y concede una tutela para su «internación inmediata», además de estipular las condiciones para garantizar su atención médica bajo custodia.

Luis Arce salió caminando del penal de San Pedro, en La Paz, alrededor de las 17:00 horas, y subió a una ambulancia sin ofrecer declaraciones. Su abogado, Fernando Rivadeneyra, señaló que Arce no ha recibido atención médica desde su detención, a pesar de que en octubre se recomendó realizar controles médicos cada seis meses.

Rivadeneyra expresó preocupación por la posibilidad de que la enfermedad «se haya descontrolado». Desde su ingreso a prisión, la defensa solicitó autorización para que Arce pudiera acudir a revisiones médicas, pero el juez no lo había permitido. El abogado también recordó que Arce sufre de una enfermedad renal y que le diagnosticaron cáncer en 2017, cuando era ministro de Economía durante el gobierno de Evo Morales (2006-2019). A pesar de que los médicos en Bolivia habían desahuciado a Arce, un tratamiento en Brasil logró controlar su enfermedad.

La resolución judicial también indica que un juez de garantías deberá convocar una audiencia para revisar la situación jurídica de Arce y evaluar la aplicación de medidas cautelares correspondientes.

Por su parte, el viceministro de Transparencia, Yamil García, resaltó que es notable que un juez de Santa Cruz haya tomado esta decisión, dado que el proceso contra Arce se tramita en La Paz, la sede del Gobierno boliviano. Arce sigue detenido en una prisión de La Paz por una investigación relacionada con su gestión en el Ministerio de Economía. La Fiscalía lo acusa de haber autorizado la transferencia de recursos públicos a cuentas de dirigentes campesinos para financiar proyectos que resultaron ineficaces.

DCN/Agencias

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