
En un operativo ejecutado en el estado Zulia, las autoridades de seguridad detuvieron a Dany Javier Ballesteros Alvarado, de 35 años, señalado como responsable de delitos graves que incluyen abuso sexual, coacción y la venta de material audiovisual explícito de menores.
La captura se realizó en el sector Las Trinitarias de Maracaibo, justo cuando el sospechoso preparaba su equipaje para huir del país junto a una adolescente de 17 años. La intervención fue posible gracias a una denuncia presentada por la madre de la joven, quien alertó a las autoridades sobre las intenciones de Ballesteros Alvarado de llevarse a la menor a Colombia mediante engaños y manipulación psicológica. Ante esta situación, agentes del Servicio de Investigación Penal (Sipez) y del Equipo de Respuesta Especial (ERE) del Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez) llevaran a cabo un operativo que resultó en su captura en flagrancia.
Las indagaciones iniciales han revelado un preocupante patrón de violencia y explotación. Ballesteros Alvarado no solo amenazaba a la adolescente en cuestión, sino que se le vincula con el abuso de otras menores, incluyendo a su propia hija. Este contexto sugiere un entorno de vulnerabilidad extrema para las víctimas.
Un aspecto particularmente grave del caso se relaciona con la explotación digital. Los agentes descubrieron que el detenido utilizaba dispositivos para grabar los actos de abuso, con el propósito de comercializar este contenido en plataformas digitales, alimentando redes de explotación sexual infantil. Durante la acción policial, también fueron hallados juguetes sexuales, los cuales refuerzan la gravedad de los delitos imputados.
Tras la captura, se activaron los protocolos de atención a la infancia. Las víctimas recibieron atención médica de emergencia y fueron enviadas al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) para realizar evaluaciones médicas y psicológicas, que serán cruciales en el futuro proceso judicial.
Actualmente, Dany Javier Ballesteros Alvarado permanece bajo custodia policial, mientras se espera que la Fiscalía del Ministerio Público inicie las acciones legales pertinentes. El caso ha generado gran preocupación en la comunidad de Zulia y en organizaciones de defensa de los derechos humanos.
DCN/Agencias