Especialistas y legisladores analizaron los aspectos de la nueva Ley de Arrendamiento de Vivienda y su efecto en el mercado inmobiliario venezolano
La Ley de Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles Destinados a Vivienda, que entró en vigencia el 7 de agosto de 2026, introduce cambios significativos al restaurar la autonomía contractual y el derecho a la propiedad, eliminando los controles administrativos de normativas anteriores.
Este tema fue abordado por la diputada Diana Rodríguez y los juristas Alfredo Abou-Hassan y Cora Farías, durante un foro en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). La discusión, moderada por la profesora Mariana Campos, analizó el impacto de esta ley en un contexto socioeconómico complicado, caracterizado por escasez de crédito, inflación y un aumento en la demanda de vivienda tras los terremotos del 24 de junio.
Rodríguez, integrante de la Comisión Especial del proyecto, mencionó que la ley fue resultado de una consulta pública en julio, logrando más de 900 propuestas para sustituir la normativa de 2011. Aclaró que el nuevo marco legal aplica solo a contratos firmados después del 7 de agosto de 2026, dejando los anteriores bajo la legislación anterior. También destacó la eliminación de la intervención de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda (Sunavi) en los nuevos procesos y la inclusión de cláusulas contra la discriminación, especialmente para personas desplazadas de La Guaira.
Abou-Hassan resaltó el reconocimiento de la voluntad de las partes, la opción de fijar cánones en divisas y la implementación de procedimientos judiciales breves. Sin embargo, advirtió sobre las dificultades que podría crear el coexistir con el anterior marco legal. Farías expresó dudas sobre la viabilidad de la ley para pequeños propietarios e inquilinos, cuestionando la naturaleza transitoria de algunos de sus artículos y sugiriendo que la efectividad del nuevo marco se evaluará a inicios de 2027.
DCN/Agencias
