
Un tribunal federal en Estados Unidos ha revocado la suspensión de visados migratorios para 75 países, impuesta por el gobierno del presidente Donald Trump a principios de año. La jueza del Distrito Sur de Nueva York, Jeannette Vargas, concluyó que el secretario de Estado, Marco Rubio, excedió sus competencias al implementar esta medida, considerándola «manifiestamente ilegal».
En su sentencia de 61 páginas, la magistrada cuestionó la justificación del gobierno, que argumentaba que los solicitantes de estos países eran un alto riesgo de convertirse en una «carga económica» para Estados Unidos. Vargas indicó que los funcionarios estadounidenses habían sido instruidos a negar visados incluso a migrantes que cumplían con los requisitos y que probablemente serían autosuficientes. Esto contraviene una norma que exige evaluaciones individuales de cada caso.
Los países afectados por la directiva incluyen varias naciones de América Latina y el Caribe, como Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay. La suspensión de visados también abarcaba naciones como Afganistán, Egipto, Irak, Irán, Marruecos, Nigeria, Rusia, Somalia, Tailandia y Yemen.
Entre los demandantes se encuentran cinco profesionales de Colombia que recibieron negativas a sus solicitudes debido a la nueva política. Además, seis estadounidenses afirmaron que la prohibición impactó a sus familias en Ghana, Jamaica, Guatemala y Etiopía, según informes del diario The New York Times.
El fallo de la jueza también anula las denegaciones de visado basadas solo en esta medida, lo que podría llevar a revisar miles de solicitudes ya procesadas. LA abogada Joanna Cuevas Ingram, del National Immigration Law Center, señaló que esta decisión era significativa para muchas familias afectadas.
Por su parte, Skye Perryman, presidenta de la ONG Democracy Forward, afirmó que el fallo supone un rechazo a una política que causó un gran daño a familias y comunidades en el país. Resaltó la necesidad de que la ley de inmigración no se utilice para discriminar o rechazar a países enteros, en detrimento de los derechos garantizados por la Constitución.
DCN/Agencias