Apenas nueve meses después de asumir el poder en un contexto de cambio político regional hacia la derecha, el presidente boliviano Rodrigo Paz enfrenta una importante prueba legislativa. Su principal objetivo es conseguir apoyo para un paquete de reformas económico-mercantiles en un Congreso fragmentado y con una coalición oficialista que muestra desgaste.
El Gobierno contempla presentar el 11 de agosto una Ley de Inversiones, que marca el inicio de varias iniciativas destinadas a atraer capital privado a través de un marco fiscal y de regalías más atractivo. La administración de centroderecha, que ha fortalecido sus relaciones con el presidente estadounidense Donald Trump, también busca relajar el control estatal en los sectores energético y minero. Esto se llevará a cabo mediante proyectos de ley que se introducirán en los próximos meses.
Estas acciones son fundamentales para reactivar el crecimiento económico y atraer inversión extranjera, además de apoyar un programa del Fondo Monetario Internacional (FMI) por US$1.900 millones, diseñado para estabilizar una economía afectada por la crisis. El Gobierno pretende reformar la industria del petróleo y gas, disminuyendo el rol de las empresas estatales y permitiendo mayor participación privada tras casi 20 años de políticas de este tipo.
Las autoridades proponen limitar la carga de impuestos y regalías para empresas energéticas a alrededor del 50%, buscando competir con países como Perú y Argentina. También se plantean incentivos para nuevos proyectos de exploración y facilitar la participación privada en el sector energético.
El debate legislativo será un indicador de la fortaleza política de Paz, en un contexto donde su coalición presenta fracturas. Aunque el Movimiento al Socialismo (MAS) salió debilitado en las elecciones de 2025, el Congreso está dividido en seis bloques con prioridades inciertas. Expertos señalan que el Ejecutivo debe formar nuevas alianzas para lograr avances en sus propuestas, ya que faltan apoyos seguros.
DCN/Agencias