
La Corte Penal Internacional (CPI) expresó este miércoles su desacuerdo ante las recientes sanciones impuestas por Estados Unidos contra su presidenta, Tomoko Akane, y un abogado del organismo. La CPI considera que estas acciones representan un «ataque flagrante» a la independencia de las instituciones judiciales, lo que puede poner en riesgo el ordenamiento jurídico internacional.
En un comunicado, la CPI «deplora» las sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, señalando que afectan no solo a Akane, sino también a nueve de los dieciocho jueces, dos fiscales adjuntos, un exfiscal y un miembro del personal. Según el tribunal, estas medidas debilitan el Estado de derecho y afectan la capacidad de las víctimas para buscar justicia.
La CPI recalca que las sanciones influencian a los actores judiciales y advirtió que amenazarlos por cumplir con su labor loop supondría un riesgo para el propio ordenamiento jurídico internacional. Además, subraya que las víctimas recurren al tribunal solo cuando todas las demás opciones se han agotado.
A pesar de las sanciones, la CPI reafirmó su compromiso de continuar con su trabajo de manera independiente e imparcial, conforme al Estatuto de Roma y en beneficio de las víctimas de graves crímenes internacionales. También agradeció el apoyo recibido de Estados Parte, la sociedad civil y quienes respaldan el Estado de Derecho.
Además de Tomoko Akane, el gobierno de Donald Trump incluyó en su «lista negra» al magistrado senegalés Abdoulaye Seye, un abogado de alto rango. El secretario de Estado, Marco Rubio, justificó la decisión al afirmar que ambos habían participado en investigaciones contra funcionarios de gobiernos que no han ratificado el Estatuto de Roma, advirtiendo que esto establece un peligroso precedente para todas las naciones.
DCN/Agencias