¡Histórico! La AN aprueba por unanimidad la revolucionaria Ley que impulsa la construcción de viviendas.
La Asamblea Nacional (AN) aprobó de manera unánime la Ley de Promoción y Protección de la Construcción de Viviendas en segunda discusión. Esta legislación, compuesta por cuatro capítulos y 40 artículos, tiene como objetivo reforzar el control sobre la edificación, venta y protocolización de inmuebles en el país, buscando garantizar la transparencia jurídica y la estabilidad financiera para quienes compran viviendas en preventa o en construcción.
El presidente del Poder Legislativo, Jorge Rodríguez, informó que el texto legal será enviado a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para su promulgación y puesta en vigencia.
### Regulación estricta y requisitos para constructoras
Con la finalidad de evitar cobros indebidos y garantizar las entregas, la ley establece un marco rígido de supervisión. Según el artículo 6, el Ministerio de Vivienda y Hábitat y las alcaldías serán responsables de la inspección constante de las obras.
Las empresas promotoras estarán sujetas a nuevos requisitos antes de iniciar la comercialización de proyectos habitacionales. El artículo 8 señala que deben presentar:
– Título de propiedad del terreno.
– Anteproyecto aprobado por la alcaldía competente.
– Inscripción en el Registro Único Nacional de Proyectos Inmobiliarios.
– Un mecanismo de resguardo financiero para los fondos recibidos.
Además, el acceso a fideicomisos estará restringido hasta que las constructoras cuenten con todos los permisos requeridos.
### Evaluación de servicios y fin a los cobros sorpresa
La ley también agrega controles sobre aspectos técnicos y ambientales. El artículo 14 obliga a las empresas a presentar estudios de suelos, impacto ambiental, vialidad y certificaciones de factibilidad de servicios básicos (agua, electricidad, gas y telecomunicaciones) antes de obtener licencias de edificación.
Para proteger el bolsillo de los compradores, el artículo 20 estipula que los costos de urbanismo, vialidad y servicios públicos deben estar incluidos en el precio final de la propiedad. Está prohibido exigir pagos o recargos adicionales relacionados con el proyecto una vez que se haya acordado la compraventa.
DCN/Agencias
