Confiscan 141 bienes relacionados con el caso Vialidad, entre ellos la residencia de Cristina Kirchner.
El Tribunal Oral Federal N° 2 de Buenos Aires autorizó embargos preventivos sobre 141 bienes relacionados con las personas condenadas en la causa Vialidad. Entre los inmuebles se encuentra el departamento en San José 1111, donde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria.
Esta medida está destinada a asegurar activos para cubrir una indemnización de 685 mil millones de pesos argentinos, asignada por daños patrimoniales al Estado, luego de irregularidades en la concesión de obras públicas. Los magistrados subrayaron que, aunque se imponen restricciones jurídicas, no se realizará un remate inmediato de los bienes.
Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso extendieron la retención de propiedades a las firmas Los Sauces S.A. y Hotesur S.A., cuyo capital accionario pertenece a Máximo y Florencia Kirchner. Aunque los hijos de la exmandataria no fueron condenados, se determinó que se beneficiaron indirectamente a través de negocios con la empresa del constructor Lázaro Báez.
El listado de bienes embargados incluye:
– Un dúplex, siete cocheras, un departamento y una baulera en el Madero Center, Puerto Madero.
– Terrenos e inmuebles en Santa Cruz, incluyendo áreas comerciales en El Calafate, Río Gallegos y el lote del Hotel La Aldea del Chaltén.
– Propiedades vinculadas a las empresas constructoras Kank y Costilla S.A. y Loscalzo y Del Curto S.R.L., así como bienes del exsecretario de Obras Públicas José López y de Lázaro Báez.
– Embargos sobre vehículos y embarcaciones, incluyendo una camioneta Honda CR-V de la expresidenta y otros vehículos de los implicados.
Asimismo, el tribunal emitió un oficio al Banco Galicia para aclarar la situación de dos cuentas y una caja de seguridad de Florencia Kirchner, en respuesta a un pedido de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. Este requerimiento busca incluir más de 5,6 millones de dólares congelados a la lista de bienes decomisables.
Con estas medidas adicionales, el Ministerio Público busca acelerar la tasación de activos y avanzar hacia la etapa final de remate y recuperación de fondos para el Estado.
DCN/Agencias
