Tras el terremoto, los presos políticos permanecen en el olvido: solicitan la intervención de la CIDH en Venezuela
Este 24 de julio se conmemora un mes desde el terremoto que sacudió a Venezuela el 24 de junio. Tras el temblor, miles de familias se movilizaron en busca de sus seres queridos entre hospitales, refugios y escombros. Para aquellos con familiares encarcelados por razones políticas, la angustia se tradujo en la incertidumbre de no poder obtener información sobre su bienestar. El Estado tiene la responsabilidad de responder la pregunta clave: ¿están a salvo?
Las personas privadas de libertad también tienen familias que vivieron esta emergencia sin certezas sobre su situación dentro de las cárceles. Ana Julia Jatar, defensora de derechos humanos y vocera de la plataforma Granito de Arena, señala que los detenidos son los más vulnerables y visibiliza la necesidad de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pueda ingresar a Venezuela para revisar las condiciones de los presos políticos.
Los eventos de junio, con dos terremotos de 7.2 y 7.5 grados y numerosas réplicas, revelaron la fragilidad del sistema penitenciario. Según un balance oficial del 21 de julio, se registraron 5,278 muertos, 16,740 heridos, y 856 edificios dañados, incluyendo cárceles. Sin embargo, aún no se ha aclarado qué inspecciones se llevaron a cabo o qué protocolos se activaron para los reclusos.
Granito de Arena busca movilizar a los ciudadanos para exigir transparencia y una verificación de las condiciones de los privados de libertad por parte de la CIDH. La campaña resalta que cada firma en apoyo a la petición representa la voz de una familia que clama por información y justicia. La última visita de la CIDH a Venezuela fue en 2002, y desde entonces no ha podido realizar inspecciones por falta de autorización.
DCN/Agencias
