¿Transforma la captura de Nicolás Maduro la estrategia de Estados Unidos hacia Venezuela?
La internacionalista María Alejandra Aristeguieta señala que el debate sobre Venezuela vuelve a estar presente en Washington, en un contexto donde la política exterior de EE. UU. se rige por el pragmatismo. Explica que, aunque tradicionalmente se basa en la seguridad nacional, el comercio y la promoción de la democracia, estas prioridades han variado con el tiempo.
Con más de 30 años de experiencia en políticas internacionales y derechos humanos, Aristeguieta es presidenta de Vision 360 y coordina la ONG Iniciativa Por Venezuela. Detalla que en los años 80 y 90, EE. UU. se enfocó en la promoción de la democracia y los derechos humanos, pero actualmente la atención se ha desplazado hacia la seguridad y el comercio. Esto, argumenta, es parte de un esfuerzo por mantener la supremacía estadounidense en un mundo influenciado por el ascenso de potencias como China y el comportamiento de Rusia e Irán.
En el contexto venezolano, menciona los intentos de EE. UU. de extraer a Nicolás Maduro, considerando su permanencia una amenaza para la seguridad. También se ha buscado estabilizar el país a través de negociaciones con representantes del régimen. Esto podría facilitar inversiones en el sector petrolero, lo cual sería ventajoso para EE. UU. especialmente frente a la inestabilidad global.
Aristeguieta también destaca que los sismos del 24 de junio han puesto de manifiesto las debilidades de esta estrategia, que prioriza la seguridad y la economía a expensas de la promoción de la democracia. La baja inversión estadounidense en Venezuela es resultado de la falta de un Estado de derecho y un sistema democrático que ofrezca garantías a las inversiones.
Este panorama ha reabierto el debate en Washington sobre el futuro de Venezuela. Una de las propuestas es establecer un esquema similar al de los Estados Libremente Asociados del Pacífico, que permitiría un mayor control militar y un intercambio económico más favorable. Sin embargo, enfrentaría importantes obstáculos legales, dado que la Constitución venezolana prohíbe ceder territorio o soberanía, lo que requeriría reformas constitucionales y aprobación popular.
Aristeguieta concluye que cualquier acuerdo tendría que estar adaptado a la realidad de Venezuela, complicando su implementación en comparación con otros casos en el Pacífico.
DCN/Agencias
