La activación de una cartera hipotecaria con subsidios de hasta el 80% para la reconstrucción de viviendas afectadas por los terremotos del 24 de junio enfrenta un desafío significativo: la reducida capacidad de la banca venezolana para ofrecer financiamiento, debido al alto encaje legal.
El economista Asdrúbal Oliveros destacó que, aunque esta propuesta es un avance en la respuesta a la emergencia, persisten dudas sobre su funcionamiento, las garantías que se asumirán y el rol del sistema financiero en un ambiente de limitaciones crediticias. “El diablo está en los detalles”, enfatizó Oliveros, indicando la necesidad de definir aspectos clave antes de evaluar el impacto de la medida.
El encaje legal es uno de esos puntos críticos, ya que restringe el capital que los bancos pueden utilizar para otorgar créditos. Según Oliveros, de cada 100 bolívares disponibles, aproximadamente 70 están sujetos a esta regulación, lo que restringe efectivamente la capacidad de préstamos.
Además, Oliveros señaló que la participación del Estado y la banca pública es esencial para la implementación de esta cartera. Resaltó que más del 50% de los activos financieros en el país pertenecen a entidades estatales, como el Banco de Venezuela, y que se debe aclarar cómo se proporcionará el respaldo estatal a los créditos.
La magnitud de la emergencia es considerable, con la reconstrucción requerida estimada entre 1.500 y 2.000 millones de dólares, cifra que representa un reto mayor frente al total de créditos concedidos, que es de alrededor de 3.000 millones.
Oliveros también mencionó la necesidad de una coordinación entre el gobierno, empresas y organismos internacionales para abordar el proceso de reconstrucción. La atención debe centrarse no solo en quienes perdieron sus hogares, sino también en aquellos cuyas viviendas tienen daños significativos. La identificación de necesidades urgentes será crucial para la correcta asignación de recursos y la efectividad del financiamiento en esta crisis habitacional.
DCN/Agencias