El proyecto de Ley de Regularización y Control de Arrendamientos de Viviendas avanza en su segunda discusión en la Asamblea Nacional, pero ha generado dudas entre especialistas del sector. Se indica que esta nueva ley no reemplazará la normativa existente, sino que creará un marco legal separado que solo se aplicará a contratos firmados tras su implementación. Esto podría generar incertidumbre para quienes tienen acuerdos previos, advierten.
La abogada inmobiliaria Cora Farías comentó que la ley actual se mantendrá vigente y que el nuevo marco servirá exclusivamente para futuras contratos. A su juicio, la propuesta tiene una intención válida, pero necesita incluir garantías que ofrezcan a los propietarios más seguridad jurídica para reintegrarse al mercado de alquiler.
Farías destacó la necesidad de que el Parlamento ajuste elementos clave del proyecto, ya que la experiencia reciente ha mostrado que los arrendadores son cautelosos ante las posibilidades de conflictos prolongados o dificultades para recuperar sus propiedades.
Por su parte, la abogada María Alejandra Parra, experta en derecho, coincidió en que el proyecto podría facilitar la contratación y la resolución de disputas. Sin embargo, advirtió que la división entre contratos nuevos y antiguos crea un vacío normativo para aquellos ya comprometidos por acuerdos previos. «Los arrendadores que estaban antes de esta ley quedan en un limbo», afirmó, acentuando que el Parlamento legisla «hacia adelante».
Parra subrayó que el texto necesita ajustes antes de su aprobación definitiva, ya que en la práctica se presentarán diversas situaciones que requerirán claridad normativa. Coinciden en que el reto no es solo modernizar la legislación, sino hacerlo de forma que reduzca conflictos y fomente la oferta de viviendas en alquiler.
DCN/Agencias