Nicaragua emprende reformas tras la orden del presidente Daniel Ortega para abolir las elecciones.
La Asamblea Nacional de Nicaragua inició este martes un plan para preparar reformas a la Constitución y otras leyes, tras la orden del presidente Daniel Ortega de implementar cambios que limiten la competencia de la oposición en las futuras elecciones. Esta decisión ha provocado el rechazo de países como Costa Rica, Panamá y Estados Unidos.
El Parlamento, dominado por el oficialismo, anunció la realización de sesiones especiales con el Consejo Supremo Electoral (CSE) para definir los pasos necesarios para las reformas, que, según indican, buscan «garantizar las bases jurídicas» necesarias.
En la conmemoración del 47 aniversario de la revolución sandinista, Ortega declaró que no permitirá elecciones que pongan en peligro el control del oficialismo. Además, pidió a los diputados elaborar «las leyes para bloquear» a la oposición, afirmando que, independientemente de la ayuda económica de Estados Unidos, no podrán competir.
Hasta el momento, no se han especificado los detalles de la reforma al proceso electoral. Ortega mencionó que en Nicaragua «no volverán a haber elecciones» que permitirían a la oposición tomar el Gobierno.
El opositor Juan Sebastián Chamorro señaló que Ortega busca convertir a Nicaragua en un país de partido único, similar a China, Corea del Norte y Cuba, argumentando que las organizaciones políticas «dividen a las sociedades». Según Chamorro, los sandinistas podrían celebrar elecciones internas al estilo chino para designar a sus autoridades.
En respuesta internacional, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, criticó a Ortega por mostrar su «verdadera naturaleza autoritaria» y abogar por un sistema sin elecciones. Rubio afirmó que los nicaragüenses tienen el derecho a elegir a sus líderes en elecciones democráticas y hizo un llamado a la comunidad internacional para rechazar la dictadura.
Por su parte, Panamá convocó a su embajador en Nicaragua tras rechazar las declaraciones de Ortega, calificando la supresión del voto como un agravio a los principios democráticos. Costa Rica también expresó preocupación por el cierre de espacios cívicos y la persecución de voces disidentes.
La oposición nicaragüense ha instado a la comunidad internacional a actuar contra el régimen para evitar que continúe actuando con impunidad y para abrir un camino hacia la democracia en el país.
Ortega, que gobierna desde 2007, enfrenta acusaciones de fraude electoral y persecución política. Desde febrero de 2025, comparte la Presidencia con Rosario Murillo, quien fue designada copresidenta tras una reforma constitucional.
DCN/Agencias
