La Fiscalía de Bolivia emite orden de captura contra el expresidente Evo Morales por presuntos delitos de terrorismo.
La Fiscalía de Bolivia emitió este miércoles una orden de captura contra el expresidente Evo Morales, que gobernó del 2006 al 2019, por delitos de terrorismo y alzamiento armado, entre otros. Morales está siendo investigado por su supuesta participación en las protestas y bloqueos de carreteras ocurridos entre mayo y junio, que exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Durante aproximadamente siete semanas, campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) llevaron a cabo bloqueos en el occidente y centro del país, apoyados por grupos cercanos a Morales, con la demanda única de que el presidente renunciara. Estas acciones provocaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en diversas ciudades, resultando en al menos 16 muertes, 13 de ellas relacionadas con la falta de atención médica por los bloqueos, además de pérdidas económicas que superan los 3.000 millones de dólares.
La denuncia contra Morales fue presentada a principios de julio por líderes cívicos de Santa Cruz, la región más poblada de Bolivia. Se unió posteriormente el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo. La acción legal también involucra a Marco Argollo, dirigente de la COB, y Vicente Salazar, líder campesino de La Paz, quien está bajo detención preventiva desde el 6 de julio por una investigación vinculada a estos hechos.
Evo Morales ha negado haber instigado la renuncia de Paz, argumentando que la movilización buscaba que el Gobierno atendiera las demandas de los sectores en protesta. Sin embargo, el 24 de mayo, escribió en la red social X que el presidente solo tenía «dos caminos»: militarizar el país o convocar elecciones en un plazo de 90 días.
El 20 de junio, tras llegar a acuerdos con la COB, el presidente Paz declaró estado de excepción para levantar los bloqueos, lo que permitió que la Policía y el ejército despejaran las carreteras y restablecieran la circulación.
Morales se encuentra en el Trópico de Cochabamba, su bastión, desde octubre de 2024, protegido por seguidores para evitar su captura en una investigación que lo vincula con un caso de trata agravada de personas, relacionado con una menor con la que supuestamente tuvo una hija durante su mandato en 2016.
DCN/Agencias
