
Actualización sobre el caso de Begoña Gómez
La acusación popular en el caso de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha modificado su solicitud de pena, reduciendo de 24 a 13 años la solicitud de cárcel por tráfico de influencias y malversación de patrimonio público, de cara a un juicio con jurado popular.
El nuevo escrito, presentado recientemente, demanda dos años de prisión por tráfico de influencias, tres años por un delito continuado de malversación de patrimonio público y ocho años por el mismo delito sin carácter continuado. Este caso investiga la cátedra que Gómez codirigió en la Universidad Complutense de Madrid.
La asesora de Gómez, Cristina Álvarez, también ha visto una reducción en la acusación, de 22 años inicialmente a seis.
Hazte Oír, una asociación de extrema derecha en España, lidera estas acusaciones. Su escrito se produce tras una resolución de la Audiencia de Madrid que aprobó el juicio con jurado. Según la acusación, Gómez asumió la codirección de la cátedra “sin un proceso de selección ni la titulación que legitimara su nombramiento”.
Asimismo, se le imputa malversación por el uso privado del trabajo de su asesora, quien era remunerada con fondos públicos.
La acusación solicita la declaración de un centenar de testigos, incluyendo a Pedro Sánchez, aludiendo a la “utilización de la Moncloa” en relación al proyecto de Gómez. También requieren que el actual ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, testifique en el juicio.
El 16 de julio, el juez decidió que Gómez será juzgada por tráfico de influencias y malversación, mientras que sobreseyó otros dos delitos: apropiación indebida y corrupción en los negocios. Además, levantó las medidas cautelares impuestas, devolviendo el pasaporte a Gómez y levantando la prohibición de salir del país, así como la obligación de firmar ante la autoridad judicial cada quince días.
DCN/Agencias