Jueza solicita a EE.UU. y Florida pruebas del cierre permanente de ‘Alligator Alcatraz’
Jueza federal pide evidencias del cierre de ‘Alligator Alcatraz’ en Florida
Este jueves, una jueza federal solicitó a los gobiernos de Estados Unidos y Florida que presenten pruebas del cierre definitivo de ‘Alligator Alcatraz’, un centro de detención migratoria ubicado al oeste de Miami. La decisión responde a las inquietudes de activistas y migrantes sobre una posible reapertura del lugar.
La Corte del Distrito Medio de Florida desestimó la solicitud de las autoridades federales y estatales para desestimar una demanda presentada por organizaciones civiles y migrantes. La jueza Sheri Polster Chappell enfatizó que no había recibido evidencias concretas del cierre permanente, más allá de declaraciones de las autoridades.
En su fallo, la jueza le otorgó un plazo de cinco días a las autoridades para que presenten las pruebas requeridas. Este centro había sido un símbolo de la política migratoria de la administración del expresidente Donald Trump, quien visitó el lugar en julio de 2025, días antes de su apertura.
A pesar del anuncio realizado por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, el 25 de junio pasado, sobre el cierre del establecimiento ubicado en los Everglades, la jueza expresó su escepticismo por la falta de pruebas contundentes.
Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y Americans for Immigrants Justice (AIJ) han manifestado que no cesarán en sus esfuerzos por reparar los daños, denunciando abusos sufridos por los migrantes en el centro.
Familiares de migrantes que fueron trasladados desde ‘Alligator Alcatraz’ al Centro Federal de Detención (FDC) de Miami también han denunciado hacinamiento y condiciones “inhumanas”. Exigen a las autoridades locales realizar inspecciones inmediatas debido a la situación actual en la que se encuentran, conviviendo con individuos considerados peligrosos.
Aunque medios locales han publicado imágenes aéreas que muestran el desmantelamiento de carpas y otras estructuras del centro, la demanda de ACLU y otras organizaciones sostiene que el lugar, inicialmente diseñado para albergar a 3.000 personas, facilitó violaciones a los derechos de los migrantes y limitó su acceso a asistencia legal.
DCN/Agencias
