
El Gobierno de José Antonio Kast anunció que este año se han expulsado a 1.174 extranjeros de Chile, con un vuelo reciente que transportó a 40 deportados hacia Bolivia, Ecuador y Colombia. Este es el séptimo operativo de este tipo desde el inicio de su gestión en marzo.
Las autoridades informaron que el vuelo fue realizado por la Fuerza Aérea de Chile, incluyendo a 28 personas expulsadas administrativamente y 12 bajo casos judiciales. Los deportados por delito estaban acusados de «robo con violencia, robo con intimidación, tenencia de armas, ley de drogas y abuso sexual», según Frank Sauerbaum, director de Migraciones.
De los deportados, 20 son colombianos, 12 bolivianos y 8 ecuatorianos. El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, explicó que con este vuelo se suma un total de 1.174 casos, incluidos los 1.134 que se reportaron el jueves pasado. De estas expulsiones, 1.009 fueron por causas administrativas y 125 por causas judiciales.
Pavez destacó que en cuatro meses se han realizado siete vuelos de expulsión, lo que representa un tercio del total durante los cuatro años del gobierno anterior. En 2025, se expulsaron 1.117 extranjeros.
En Chile, hay más de 330.000 extranjeros en situación irregular según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Además, se han concretado 6.384 salidas voluntarias de inmigrantes irregulares, de las cuales 911 sucedieron tras el terremoto en Venezuela del 24 de junio. Cerca del 77 % de estas salidas son venezolanos, según el Ministerio del Interior.
Se estima que más de 75.000 órdenes de expulsión están pendientes, de las cuales aproximadamente la mitad son para ciudadanos venezolanos, debido a la ruptura de relaciones entre ambos países. El 24 de julio de 2024, Caracas ordenó el cierre indefinido de su embajada en Santiago, retirando a todo el personal diplomático.
Pavez, que recientemente viajó a Venezuela con ayuda humanitaria tras los sismos, mencionó que este gesto podría ser una «oportunidad» para mejorar las relaciones bilaterales. Kast, el primer mandatario de ultraderecha desde la vuelta a la democracia, ha prometido medidas estrictas contra la delincuencia y la migración irregular y está trabajando en la construcción de una franja en el desierto de Atacama, en la frontera con Perú y Bolivia.
DCN/Agencias