
La Fiscalía de Bolivia convocó a cinco exautoridades en el marco de una investigación por un presunto tráfico de influencias que involucra al exjefe del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, relacionado con el litigio de dos empresas cementeras en el país entre 2024 y 2025.
Las citaciones, emitidas por el fiscal Ángel Mario Guzmán, incluyen al exministro de Justicia, César Siles; el exministro de Economía, Marcelo Montenegro; el exprocurador general del Estado, Ricardo Tola; la exjefa de Gabinete del Consejo de Ministros, Fabiola Salazar; y la exembajadora de Bolivia en España, María del Carmen Almendras. Siles, Montenegro, Tola y Salazar deben declarar en la Fiscalía Departamental de La Paz en un lapso de 72 horas, mientras que Almendras tiene 48 horas para hacerlo.
La investigación surge tras un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía de España, que señala posibles vínculos del expresidente español en un fallo que benefició a la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), perteneciente al Grupo Gloria de Perú. Este fallo liberó al Grupo de pagar 107 millones de dólares a la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa) en un litigio de competencia desleal.
De acuerdo con dicho informe, Rodríguez Zapatero tendría un contrato de consultoría por 200 mil euros con la empresa Focus Social Research entre 2024 y 2025, a cambio de mediar con autoridades bolivianas para favorecer el fallo judicial. Se sugiere que este contrato pudo haber servido para ocultar pagos vinculados al caso.
Sin embargo, allegados al exmandatario español han desmentido las acusaciones, argumentando que el pago fue por servicios de consultoría legal. El caso está en investigación, con una impugnación presentada ante el Tribunal Constitucional boliviano, sin que exista aún una resolución judicial definitiva.
El litigio también involucra a altos exfuncionarios y al expresidente Luis Arce, quien ha declarado que su relación con Rodríguez Zapatero fue únicamente «institucional y política». Arce se encuentra actualmente en prisión preventiva por un presunto caso de corrupción. En una declaración, Almendras se consideró «ajena» a la investigación.
A principios de julio, el procurador general del Estado, Hugo César León, señaló que el caso fue declarado en reserva para evitar litigios internacionales que puedan afectar al Estado.
DCN/Agencias