
El 23 de julio, el Departamento de Estado de EE.UU. sancionó a nueve entidades y dos individuos vinculados al régimen cubano para limitar su acceso a fondos ilícitos, incluyendo los provenientes de la explotación de trabajadores médicos y la evasión de sanciones.
Según la información oficial, estas sanciones se impusieron conforme a la Orden Ejecutiva 14404, que autoriza medidas contra individuos involucrados en la represión en Cuba y amenazas a la seguridad de EE.UU.
Las sanciones incluyeron al Centro de Investigaciones del Petróleo S.A. (CEINPET), un brazo de Unión Cuba-Petróleo (CUPET), especializado en investigación petrolera. También se sancionaron a Empresa de Energía S.A. (ENERSA) y Einarbo S.A., importadoras de gas y lubricantes.
El Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA) fue señalado por tratar de proteger sus activos mediante reestructuraciones. En este contexto, se designó a Terminal de Contenedores de Mariel S.A., por su transferencia al Coral Marítima S.A., en una transacción con el fin de evadir sanciones. Coral Marítima S.A. también fue sancionada debido a su control por parte del Grupo Empresarial de Transporte Marítimo Portuario (GEMAR).
Entre las otras designaciones se encuentra Ceiba Investments Limited, con sede en Guernsey, que invierte en bienes raíces cubanos, y Orbit S.A., procesadora de remesas, supuestamente controlada por GAESA.
El comunicado mencionó que el régimen cubano practica trabajo forzado en sus misiones médicas internacionales. Según un informe del Departamento sobre trata de personas, funcionarios cubanos usan leyes coercitivas para obligar a los trabajadores a continuar en estos programas, confiscando entre el 50% y el 95% de los salarios de los países que los reciben.
Por esta implicación, se sancionaron a Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S.A. (CSMC), al ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, a la Unidad Central de Cooperación Médica (UCCM) y a su directora, Gretza Sánchez Padrón.
Como resultado de estas designaciones, los bienes de los sancionados en EE.UU. quedan bloqueados. Además, las entidades controladas en un 50% o más por ellos también se ven afectadas. Cualquier transacción con los designados en sectores críticos puede llevar a más sanciones. El objetivo es promover un cambio en el comportamiento del régimen mediante estas medidas.
DCN/Agencias