
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado cargos contra ocho migrantes venezolanos, a quienes se les atribuye ser presuntos integrantes de la organización criminal Tren de Aragua. Las acusaciones incluyen homicidios, secuestros y otros delitos violentos en Texas e Illinois.
Cinco de los acusados enfrentan imputaciones en el Distrito Norte de Texas por conspiración, secuestro y asesinato, mientras que los otros tres se presentan ante tribunales en Chicago, relacionados con el rapto y asesinato de un hombre en mayo. Los migrantes, que ingresaron a EE. UU. entre diciembre de 2021 y abril de 2024, podrían recibir condenas de cadena perpetua o, en el caso de cinco de ellos, la pena de muerte.
La información legal en Texas revela pocos detalles sobre las acusaciones. Se menciona que los imputados secuestraron a tres personas el 24 de agosto de 2024, y que a los ciudadanos Héctor García Zúñiga, Carlos Zambrano Bolívar y Jhonny Martínez Serrano se les atribuye el asesinato de una de las víctimas. Sin embargo, no se han proporcionado pruebas específicas ni se identificó a los afectados.
El caso de Zambrano presenta un trasfondo complicado; ya había sido parte de un juicio estatal por asesinato capital en 2026, que se anuló por falta de un veredicto unánime. Su abogado ha afirmado que fue víctima de trata por parte de la organización y que actuó por miedo a represalias contra su familia.
La política migratoria actual ha suscitado críticas de organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que argumentan que el gobierno usa la figura del Tren de Aragua para justificar detenciones arbitrarias y endurecer políticas fronterizas. Han destacado que muchos detenidos no son vinculados con pruebas claras y que algunos han sido estigmatizados por la aparición de tatuajes. Además, cientos de venezolanos sin evidencias sólidas han sido trasladados a prisiones de alta seguridad en El Salvador y a Guantánamo.
La administración actual de EE. UU. presenta la actividad del Tren de Aragua como un elemento clave de una presunta «invasión» migratoria, argumentando que está impulsada por el régimen venezolano. No obstante, estas afirmaciones han sido cuestionadas por evaluaciones de agencias de inteligencia estadounidenses, generando un debate entre la seguridad nacional y el respeto a los derechos de los migrantes.
DCN/Agencias