AN aprueba iniciativa de modificación de la Ley contra el Fraude Inmobiliario
La Asamblea Nacional (AN) aprobó en primera discusión, de manera unánime, un proyecto de reforma parcial de la Ley contra la Estafa Inmobiliaria, en respuesta a la emergencia tras los terremotos ocurridos el 24 de junio. La iniciativa fue expuesta por el primer vicepresidente de la AN, Pedro Infante, durante una sesión transmitida por Venezolana de Televisión (VTV).
Infante indicó que la reforma tiene como objetivo fomentar la construcción de viviendas, adaptando el marco jurídico a los «nuevos tiempos». La propuesta busca asegurar “mejores condiciones, seguridad jurídica y financiamiento” para que el sector privado pueda iniciar un “proceso ágil de construcción de viviendas” para las familias afectadas por los sismos.
Uno de los cambios más destacados en la reforma es la modificación del “esquema de precios rígidos”. La idea es permitir que las partes involucradas puedan acordar mecanismos para estabilizar el saldo deudor, tomando en cuenta las fluctuaciones del mercado de la construcción. Infante subrayó que esta medida permitirá absorber las variaciones en los costos de materiales e insumos durante la ejecución de las obras.
Adicionalmente, la reforma pretende eliminar el límite legal de 24 meses para finalizar proyectos habitacionales, sugiriendo que el plazo de ejecución sea acordado entre las partes.
Otro aspecto relevante del proyecto es la flexibilización del régimen de rescisión de contratos por incumplimiento de pago. Si la modificación se aprueba, un constructor podrá dar por terminado el contrato automáticamente si el comprador incurre en dos meses seguidos de mora, sin necesidad de esperar 90 días ni solicitar autorización administrativa.
La propuesta también elimina la “responsabilidad solidaria” que actualmente recae en las instituciones bancarias que otorgan créditos para proyectos. Esto busca estimular la participación bancaria, facilitando la disponibilidad de recursos y eliminando riesgos regulatorios que afectan el crédito promotor.
Infante aseguró que la reforma brindará mayor seguridad jurídica a constructores y entidades financieras, a la vez que protege los derechos de los compradores de viviendas. Estas modificaciones forman parte de la estrategia de reconstrucción liderada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y se espera que aceleren la respuesta habitacional para las familias que perdieron sus hogares a causa de los terremotos.
El objetivo es “desatar los nudos”, creando condiciones de seguridad y equilibrio jurídico, para que el Estado y el sector privado trabajen juntos en el plan Venezuela Renace, garantizando así el derecho a la vivienda para el pueblo.
DCN/Agencias
