Venezuela ha nombrado al bufete estadounidense Greenberg Traurig como su nuevo representante en el litigio con la minera Crystallex. Este caso es notable ya que más de una docena de acreedores buscan ejecutar activos del Estado para cobrar indemnizaciones relacionadas con expropiaciones.
La formalización del cambio ocurrió esta semana, cuando la procuradora general, Arianny Seijo, envió una comunicación al bufete Munger, Tolles & Olson, que había estado a cargo de la defensa. En la carta, enviada al Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito, Seijo solicitó la autorización para que Munger se desvincule del caso y anunció que los abogados Daniel Pulecio y Dominic Draye asumirán la representación legal de Venezuela.
Este cambio se produce después de que en marzo, Washington reconociera al gobierno interino liderado por Delcy Rodríguez como la autoridad legítima del país. Munger, Tolles & Olson destacó en su comunicación al tribunal que este reconocimiento es crucial para los jueces en Estados Unidos, enfatizando que la decisión presidencial de designar un jefe de Estado es considerada concluyente y vinculante.
La reconfiguración del equipo legal forma parte de un proceso más amplio. En los últimos meses, Venezuela ha estado ajustando su representación en tribunales extranjeros, particularmente en litigios significativos en Estados Unidos vinculados a reclamaciones de acreedores y procesos de ejecución. A su vez, el país busca avanzar en la reestructuración de su deuda externa, que está en suspensión desde 2017.
El caso con Crystallex es particularmente delicado para Caracas ya que involucra activos como PDV Holding y Citgo Petroleum, cuya posible venta sigue bajo la supervisión de la justicia estadounidense.
Con información de Reuters
DCN/Agencias