
La nueva norma, implementada la semana pasada, restringe el ajuste de estatus migratorio para quienes ya se encuentran en Estados Unidos. Esto significa que los migrantes deben regresar a sus países de origen para solicitar la «tarjeta verde» en los consulados.
La medida altera un procedimiento establecido por el Congreso desde 1952 y, según Daniel Costa, director de investigación del Economic Policy Institute (EPI), tendrá un impacto negativo en millones de personas. Los migrantes deberán abandonar sus trabajos, lo que podría resultar en la pérdida de empleo y separaciones familiares prolongadas.
Aunque no se tiene un número exacto de afectados, se estima que más de la mitad de las personas que obtienen una «green card» lo hacen a través del ajuste de estatus en EE. UU. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el 58 % de los 1,35 millones de migrantes que obtuvieron residencia legal en el año fiscal 2024 usaron esta vía.
El mayor impacto recae sobre aquellos migrantes con familiares en el país. La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) advierte que la mitad de los nuevos residentes son parientes inmediatos de ciudadanos estadounidenses. También se verán afectados inmigrantes con trabajos, trabajadores religiosos, beneficiarios de Estatus de Protección Temporal (TPS) y personas que han residido mucho tiempo en EE. UU.
El memorando del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) es considerado poco claro sobre los tipos de migrantes afectados, lo que dificulta determinar el alcance de la medida. El director ejecutivo de AILA, Benjamin Johnson, cuestiona la afirmación del gobierno de que el proceso es sencillo, ya que regresar para solicitar una visa no es una opción realista para muchos.
Según Costa, estas acciones no solo buscan frenar la migración ilegal, sino que también reflejan un intento de reducir la inmigración legal. Ejemplos incluyen restricciones al asilo, la eliminación de beneficios de TPS y la suspensión del procesamiento de visados para diversos países, entre ellos Brasil, Colombia, y Cuba.
Estas restricciones migratorias podrían repercutir en la economía de EE. UU., donde antes de la administración Trump, uno de cada cinco trabajadores era inmigrante. Se estima que el país podría perder millones de empleos si se concretan deportaciones masivas.
DCN/Agencias