Tribunal de Apelaciones da luz verde a Trump para reanudar deportaciones aceleradas en todo el país
Un Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos autorizó al Gobierno de Donald Trump a reiniciar el proceso de deportaciones aceleradas en el país, que originalmente se aplicaba solo a aquellos detenidos al cruzar la frontera. La decisión fue tomada en una votación de dos a uno por los jueces del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, quienes concluyeron que no se infringieron los derechos de los inmigrantes.
Al comenzar su segundo mandato, Trump instruyó al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) a implementar el procedimiento de ‘expulsión acelerada’ a todos los extranjeros que no pudieran demostrar que llevan menos de dos años en el país, sin que se les conceda una audiencia ante un juez de inmigración. Este tipo de deportación se aplicaba normalmente a indocumentados cerca de la frontera sur, quienes son devueltos a México poco después de su detención. Con la nueva orden, los agentes de ICE pueden actuar en áreas más alejadas.
El juez Justin R. Walker, quien fue designado por Trump, escribió la opinión mayoritaria, que fue respaldada por la jueza Neomi Rao, también nombrada por el mandatario. Walker argumentó que la cuestión central no era la aplicación de una directriz por parte de algunos funcionarios, sino la legalidad de la directriz misma.
El fallo representa un avance para la política migratoria de la Casa Blanca y responde a una demanda presentada por la organización Make the Road New York, que alegó que la orden de Trump es inconstitucional y viola los derechos al debido proceso. Walker sostuvo que la directriz no priva a los extranjeros de la oportunidad de ser escuchados.
En desacuerdo, el juez Robert L. Wilkins, nombrado por Barack Obama, expresó en su voto disidente que el ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no habían demostrado que no se habían producido deportaciones de personas que llevaban más de dos años en el país.
La Unión Estadounidense para las Libertades Civiles (ACLU), representante de los demandantes, indicó que están evaluando los siguientes pasos para atacar la estrategia de la Casa Blanca, advirtiendo que la política de deportaciones rápidas podría exponer a las personas a un sistema injusto.
DCN/Agencias
